Ciudadanía plena: una asignatura pendiente

El Estado boliviano prioriza las organizaciones corporativas, gremiales y sectoriales sobre la ciudadanía. Esta opción que expresa una definición política y que se manifiesta con confrontación ideológica, es un falso debate conceptual y una rémora democrática.

El debate que prioriza la opción colectivista en el discurso, tiene sin embargo una contradicción manifiesta en la conducta económica de los actores sociales. Es muy fácil demostrarlo con la constatación empírica que la distribución del excedente productivo tiene carácter personal/familiar y que está orientado a mejorar las condiciones de una clase media que se fortalece. Paradójicamente, el Gobierno reconoce con cifras que ha crecido significativamente, mientras la critica ácidamente por asemejarse al antagónico ideológico.

Sin embargo, el espacio en el que la contradicción es más peligrosa y manifiesta, es en el político. Se está tratando de construir un Estado Corporativo de sostenibilidad cada vez más complicada y costosa. Cuando las negociaciones de políticas públicas se negocian en ámbitos corporativos, empresariales, comunitarios o sociales, exclusivamente con los actores involucrados y prescindiendo de la ciudadanía y de la sociedad integral, lo único que se logra es el debilitamiento de la gobernabilidad democrática. Pareciera que se logra la paz social con un falso espejismo, ya que ella estará sometida a negociaciones permanentes y no a consensos democráticos sólidos.

Una hipótesis permite interpretar el comportamiento de nuestra política en su impronta corporativa y sindical y las consecuencias que ello tiene en nuestra vida cotidiana.

La expresión corporativa se identifica con la relación sindical, y es el pliego petitorio la síntesis de la capacidad negociadora y la gobernabilidad trasladada a la política. Vemos todo el tiempo que si las demandas del pliego se responden positivamente, se celebra con fiesta y el poder se legitima. Cuando la respuesta no es satisfactoria, se abre un proceso de negociación y conflicto. Este proceso puede estar acompañado hasta de violencia extrema y concluye casi mágicamente, cuando se resuelve, se desmoviliza y se vuelve a la celebración y la fiesta.

Si el conflicto corporativo continúa sin resolverse, adquiere un escalamiento en espacio, tiempo, actores y las demandas asumen la calidad de “lucha hasta las últimas consecuencias”. En el pedido extremo aparece el ultimátum y en ese momento la estructura estatal es una simple formalidad que se juega en la capacidad de sus negociadores y que deben legitimarla con el resultado. Adquieren valor secundario los 2/3 del Parlamento o el porcentaje del voto alcanzado en las elecciones, que servirán para recordar que el Gobierno puede pretender resolverlo usando la violencia legal. Las consignas se simplifican y sólo se espera la respuesta demandada.

Estamos viviendo un proceso de esa naturaleza y en las puertas de comprobar una vez más los límites de la legalidad y la legitimidad. Sabemos cómo empezó. La fiesta que resolverá éste conflicto, ha complejizado sus demandas. El MAS utilizó este instrumento para ascender al poder, hoy debe enfrentar sus consecuencias.

El autor es director de Innovación del Cepad.