Quiborax y el avión de Evo

Considero que no se ha analizado suficientemente lo actuado a partir del laudo arbitral sobre Quiborax.

Para empezar, el DS 3582 que autoriza el pago de la indemnización, previa generosa rebaja, tiene varias fallas. El propio ministro de Economía Guillén afirmó que ese DS no especifica la partida del gasto, añadiendo que se buscarían los recursos para cumplir la obligación. Considerando que toda modificación presupuestaria debe ser previamente aprobada por la Asamblea Legislativa, el mencionado DS sería un caso evidente de malversación de fondos.

Por otro lado, el Gobierno fue tan ineficiente en la defensa como rápido en cumplir el laudo, sepultando, sin velorio ni responso, su cadáver jurídico. En efecto, el laudo final se conoce el 18 de mayo del presente, el 6 de junio se emite el DS 3582, el mismo día se concede la absolución judicial, el 7 de junio se firma el convenio transaccional y a los ocho días el Procurador acusa formalmente a Carlos Mesa.

Realmente “no puedo creer” que los nacionalizadores que ocuparon los campos petroleros con las FFAA para presionar un cambio de contratos; que primero se metieron en las refinerías y después negociaron la compra; que se salieron del Ciadi tirando la puerta; que tienen aún pleitos pendientes por mil millones de dólares, esos mismos ahora muestren una total obsecuencia ante el Banco Mundial. ¿Tanto ha cambiado el “proceso de cambio” que los otrora simpáticos díscolos de chompa a rayas sean hoy los más obsecuentes cumplidores del orden internacional? Aunque, en verdad, ya nos desconcertaron al pagar, sin esperar el laudo arbitral y sin el respaldo de sus propias auditorías petroleras, más de 600 millones de dólares a multinacionales de la talla de Shell/Ashmore y Pan American Energy.

Unos dirán (como lo han dicho) que el apuro en pagar era para evitar embargos y secuestros de bienes de Bolivia en el exterior. Pero, una empresa como Quiborax-NMM, con su prontuario, ¿qué capacidad tendría para exigir al poderoso Estado Plurinacional vitalicio de Evo Morales, el pago de esa suma? ¿Embargarían embajadas? No, porque son patrimonios extraterritoriales. ¿Tal vez el gas o los minerales exportados? Tampoco, porque pertenecen a empresas que nada tienen que ver con el laudo. De hecho, para hacer firmar rápidamente al Presidente el DS de marras, bastaría mencionarle el riesgo de que embarguen su avión. ¿Será este el motivo de la rapidez del trámite de pago?

Otros argumentarán, políticamente, que debemos cumplir el fallo si queremos que la sentencia inminente de La Haya, en lo favorable a Bolivia, sea también respetada. Sin embargo ese argumento es un sofisma porque el Tribunal de La Haya tiene una naturaleza distinta al simple arbitraje del Ciadi, y porque las reglas internacionales hay que cumplirlas siempre; lo que implica corregir la infamante Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, respetando la caducidad de los plazos procesales y la irretroactividad de “nuevos” tipos de delitos. A menos que los tratados internacionales sirvan solo para interpretar “a la carta” los derechos humanos y regalar a los Quiborax una sonrisa “navarriana”.

Indigna especialmente, entre los actos post-laudo, la actuación servil e incoherente de la Fiscalía. Si, como se afirma, el juez estaba obligado por el laudo del Ciadi a sobreseer a los imputados, ¿qué razones tuvo el Fiscal para retirar la acusación?

En fin, si la defensa legal del Estado fue pésima, el cierre del caso Quiborax apesta a 42 millones de dólares de distancia.

PS: En su “catequesis” a la ALP, el Ministro de Justicia reveló que mis opiniones le habían “dolido en el alma”. No fue mi intención, porque siempre creí que solo unos desalmados podrían ser “operadores” de una justicia podrida como la actual.

El autor es físico y analista