Inocentes y favores políticos

Transcurrió un poco más de un año desde que se conoció que Reynaldo Ramírez (27 años de edad) había sido sentenciado a 30 años de prisión por un delito que no cometió. Ahora la historia se repite, pero el escándalo es mayor porque el fiscal general, Ramiro Guerrero, está implicado en la sentencia a un médico sin pruebas.

No es un secreto que la justicia está tan mal en el país, al punto que se confunde el rostro de un feminicida y se envía a la cárcel a una persona inocente como ocurrió en el caso de Reynaldo. Lo que sí causa indignación es que se inculpe a una persona por el error de una “profesional” con nexos de favoritismo en la Justicia.

“Cuando empezó el juicio sabía que era inocente”, afirmó la jueza y presidenta del Tribunal Décimo de Sentencia del caso del bebé Alexander, Patricia Pacajes, en un audio cuya veracidad está sujeta a investigación. Pacajes sentenció a 20 años de cárcel al médico Jhiery Fernández por la supuesta violación del menor de ocho meses.

La jueza argumenta que tuvo “presiones” de la exministra de Justicia Virginia Velasco; del exgobernador de La Paz y actual ministro de Desarrollo Rural, César Cocarico, y de fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, para enviar al médico a la cárcel.

¿Y ahora? Cómo se puede resarcir la “muerte civil” de un médico, que igual que cualquier persona tiene aspiraciones en la vida. Cómo se explica que una jueza prefiera enviar a la cárcel por 20 años a una persona antes de renunciar a un cargo y cómo sabemos cuántos jueces más se prestan a este tipo de prebendas.

Editora de Economía de Los Tiempos