Tensiones al interior del MAS

La detención y posterior expulsión del italiano Cesare Battisti, sobre quien pesa una condena a cadena perpetua, no sólo ha generado una ola de críticas en el ámbito político por la decisión gubernamental de entregarlo a las autoridades de Interpol Italia en tiempo récord; sino que también provocó fricciones al interior de la estructura partidaria, cuestionando duramente el accionar del Ministro de Gobierno, quien no habría cumplido protocolos establecidos por la Comisión Nacional del Refugiado.

Al margen de la enorme expectativa nacional e internacional que significó la repatriación de Battisti luego de huir durante 37 años por Francia, México y Brasil, interesa apreciar las repercusiones al interior del partido oficialista. Exautoridades, activistas de izquierda e intelectuales han manifestado su desaprobación y malestar frente a la expulsión, el pasado domingo 13 de enero, en razón de que se habría actuado en contrasentido con los ideales y la moral revolucionaria socialista. Más aún si tomamos en cuenta que la misma se da desde un Estado que comparte principios ideológicos con el repatriado ultraizquierdista; constituyéndose en una decisión políticamente equivocada, que ha generado desazón en los círculos de la izquierda nacional y mundial sobre el actuar contrarrevolucionario del Gobierno.   

Las voces disonantes de los denominados radicales del MAS, consideran que Romero traicionó los preceptos ideológicos, anteponiendo los intereses del Estado por encima de los ideales revolucionarios, por lo que ya no es digno de confianza y debería renunciar a su cargo. Por su parte, los denominados pragmáticos, respaldan la deportación argumentando un ingreso ilegal a Bolivia; la existencia de alerta roja de Interpol; además de afirmar que la ley y la justicia no se construyen con ideologías y simplemente deben ser respetadas y cumplidas. Aspecto que evidentemente puede ser cuestionable no solo por ser un contrasentido de un gobierno que se dice de izquierda, sino principalmente en virtud de las múltiples muestras de incongruencias a las que nos tiene acostumbrados esta administración, respecto al cumplimiento del marco jurídico constitucional.

Al parecer, la decisión gubernamental responde a intereses coyunturales de la política externa –que vislumbra momentos críticos para el populismo latinoamericano–, ajenos a debates de orden ideológico, jurídico constitucional o, quizá, a evaluar la posible vulneración de derechos. La administración de Morales optó por evitar abrirse nuevos flancos de conflicto, no sólo en el ámbito nacional en momentos en que busca una reelección en octubre, sino también en el escenario internacional, principalmente con el vecino país del Brasil –con el que busca la renegociación de la venta de gas– y la Unión Europea.

Lo cierto es que el reciente incidente no solo ha generado polémica y contrasentido de posicionamientos político-ideológicos al interior del partido gobernante, aflorando divergencias entre sectores y grupos conservadores y emergentes, que tras enfrascarse en entredichos, vienen ahondando el descontento y el ejercicio discrecional del poder ajeno a la consulta y el consenso político de sus propias bases; además de evidenciar divisionismos y posturas confrontacionales por alcanzar espacios de decisión partidaria, al margen de no comulgar plenamente con posturas asumidas por los intocables, imprescindibles y cercanos al Presidente.

De ahí que el descontento y malestar reflejado en la ausencia de consensos y acuerdos, sumados a la necesidad de nuevos liderazgos, representan las tareas pendientes que la cúpula dirigencial, no ha resuelto favorablemente en estos ya 13 años de gobierno y a más 31 años de fundación del MAS-IPSP, cuyo caudillo insustituible es Evo Morales.       

El autor es docente investigador en la UMSS