Puede que sí, puede que no

Lo más  seguro es quién sabe.

Me refiero, por supuesto, a la seguidilla de disparates gubernamentales en el manejo del Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV); ahora resulta que el resultado definitivo es imprescindible, tras la declaración, “casi disruptiva”, del Dr. Oscar Hassenteufel, en su condición de presidente del TSE, de que ese Órgano del Estado no podía trabajar una nueva cartografía electoral uninominal y tampoco la redistribución de escaños si no tenía los datos definitivos del CNPV, lo que contemplaba “la distribución de escaños mediante la aplicación de la metodología establecida en la Ley 026, que toma en cuenta el número de habitantes, la menor población, el menor desarrollo económico y el Índice de Desarrollo Humano”, esto es que ninguno de esos factores podía faltar para proceder a las asignaciones.

Una vez se tengan esos datos, se procede a la distribución que se envía como proyecto de ley para que la Asamblea Legislativa apruebe y el TSE proceda a trabajar la segunda tarea que no es otra que la “delimitación de las circunscripciones uninominales”.

Hassenteufel explicó: “La distribución de escaños y delimitación de circunscripciones uninominales son actividades secuenciales que comienzan a realizarse una vez que se reciba la información oficial de los resultados del censo. Por eso, pedimos públicamente al Gobierno nacional, especialmente al poder Ejecutivo, que se pueda hacer llegar esta información en el tiempo señalado”.

Lo del acápite anterior fue “casi disruptivo” porque obligó a que el INE, a través del ministro Cusicanqui, salga de inmediato a improvisar una vez más (y van…), aportando al mal ambiente que tiene este tema, y cambie de idea, es decir, que pase de asegurar datos preliminares en septiembre para distribución de fondos asignados por la vieja ley de Participación Popular y datos finales en diciembre para todo lo demás, a afirmar, con la misma convicción de su anterior “seguridad”, que todo se podía tener en septiembre de 2024, esto es, a sólo seis meses del verificativo censal. Recordemos que antes aseguraban que no se  podía acortar los tiempos, incluso por recomendaciones de organismos internacionales y en estricto interés de tener un censo de “estándares internacionales”, pero no hay nada que la necesidad política no pueda hacer. El paro en Santa Cruz es muy complicado como para no prometer lo que sea.

Hassenteufel habló y el milagro sucedió, demostrando que el INE no tiene un proyecto censal claro; muy por el contrario, han ido cambiando la historia conforme a cómo van cambiando las exigencias y ellos (el INE) van haciendo los cálculos. Recuérdese que nos decían que no podían trabajar con tiempos ajustados y eso es precisamente lo que van a hacer: van a ajustar los procesos post-censales, que son los más delicados, cuando han podido hacer un censo “holgado” en octubre/noviembre de 2023, como lo pide la sociedad civil, técnicos organizados para el efecto desde universidades, políticos de oposición y alguno del oficialismo que recibió un tirón de orejas, porque el censo es una especie de “consigna política” y no una cuestión técnica.

Cualquiera sabe que si se quería hacer bien las cosas, era cuestión de hacer el CNPV en 2023, en cualquiera de los meses anotados arriba, y para septiembre de 2024 se hubiera tenido un verdadero informe final o consolidado  sin sobreexigencias y tiempo suficiente; pero no: mantienen marzo de 2024, aprietan la parte más sensible y la reducen a seis meses, sólo porque no quieren dar la impresión de que Santa Cruz se impuso; una niñería propia de quienes demuestran que el gobierno/INE no tiene idea de censo.

“Casi disruptivo”, escribí y entrecomillé, y así es, en efecto, porque el pasado viernes dos poderes y medio (no estuvo el presidente del Senado; el MAS/evista se opone al cambio de fecha), en declaración conjunta el Presidente del TSE, el ministro Cusicanqui y Jerges (con G, aunque el autocorrector de la computadora no me lo acepte) Mercado, a nombre de Diputados, nos avisaron que … todo está listo y que “los datos oficiales emitidos para la distribución de recursos de coparticipación, a realizarse en septiembre en 2024, en el marco de lo establecido en la Ley 1405 de Estadísticas Oficiales, son “suficientes” para que el TSE inicie el trabajo de distribución de escaños”.

Fue “casi disruptivo” el TSE, porque su exigencia no está garantizada, porque no explican eso de “suficientes”; ahora, como antes de esa declaración, no hay certeza absoluta de que sus requerimientos de imprescindible cumplimiento vayan a ser satisfechos,es decir, que vayan a ocurrir.

El INE/Cusicanqui tiene demasiados cambios y contradicciones permanentes y, por más que en su nerviosismo evidente el presidente del TSE haya “disipado la duda”, lo evidente es que nadie deja la susceptibilidad de que tal cosa no se logre y que, esto es lo peor, se mantenga la mayoría de circunscripciones uninominales en los sectores rurales porque “se atiende prioritariamente la cuestión social”, cuando la misma fue la trampa política de Evo Morales que benefició a Arce: copar la Cámara de Diputados con bajas votaciones y alta representatividad.

No es un secreto de que éste es un país preponderantemente urbano y que los parlamentarios uninominales deben responder a representaciones equitativas; en las ciudades, sobre todo en Santa Cuz, La Paz y Cochabamba, vive entre el 70 y 75% de la población del país y los pobres del campo y de otras ciudades, grandes o medianas, se han trasladado a esas ciudades mayoritariamente, de manera que, si se atiende la idea de la equidad representativa, debe consignarse el mayor número de parlamentarios uninominales donde hay más gente, considerando además que la CPE deja claro que las circunscripciones especiales no deberán ser condicionadas por densidad poblacional ni continuidad geográfica, de manera que no hay necesidad de menoscabar esas representaciones.

En el país hay 63 circunscripciones uninominales y 60 de lista o plurinominales, es decir, que van con el candidato, De esas 63, 27 están en espacios urbanos y 36, en espacios rurales; considerando las representaciones o los diputados indígenas, sigue sin ser equitativo, porque el país es urbano mayoritariamente.

El evismo y  el arcismo (“el presi” debe estar feliz que lo pongan al nivel del ahora despreciado mentor) se han beneficiado con la ingeniería electoral que armaron para ser favorecidos en número de parlamentarios; ¿será que el TSE (que tiene mayoría masista) se atreve a aplicar la equidad representativa? Cuando la cosa es pareja, nadie se queja.

Quedan muchas dudas. Por lo que escuchamos, ninguno de los “oferentes” de septiembre garantizó a Hassenteufel que se llegaría sin problemas al mes citado, dijeron que lo que se le va a dar es “suficiente”; aún resuena en la cabeza lo dicho por Mercado: “estamos en pleno proceso de elaboración de una ley que pueda dar garantías al respecto”. Queda claro, garantías no hay; los plazos son muy apretados, de manera que entre lo suficiente y esto último…

Lo más seguro es quién sabe.