Evo, vetado en Perú
Era cuestión de tiempo. La conducta del expresidente y actual líder cocalero, Evo Morales, devenido en gurú y aliado incondicional de movimientos llamados “progresistas” peruanos, en realidad de la zona andina fronteriza con nuestro país, incurría en intromisiones de carácter político, sazonadas por declaraciones desatinadas sobre la situación interna de ese país, que sin embargo buscaban dotarle de un supuesto perfil de “líder binacional”, que aún hoy defienden los llamados “radicales” masistas. Esa pretensión, desmesurada e impropia, pero sobre todo fuera de lugar, se ha desmoronado con la decisión del gobierno de la presidenta Dina Boluarte, expresada en un comunicado oficial del Ministerio del Interior de Perú, mediante Migraciones, que informa sobre el impedimento al ingreso de Evo Morales y de otros ocho masistas al país vecino.
La terminante decisión expresa claramente que en los últimos meses, que coinciden con la crisis política que causó la destitución del expresidente Pedro Castillo, tras su intento de dar un autogolpe, “se ha identificado a ciudadanos extranjeros, de nacionalidad boliviana, que ingresaron al país para realizar actividades de índole política proselitista, lo que constituye una clara afectación a nuestra legislación migratoria, a la seguridad nacional y al orden interno de Perú”.
La consecuencia de la intromisión de Evo y otros masistas en asuntos políticos internos peruanos es el impedimento a que ingresen a ese país, como expresan sus normas migratorias. “El 6 de enero del año en curso, la Superintendencia Nacional de Migraciones, en estricto cumplimiento de sus facultades y del artículo 48 de la Ley de Migraciones – Decreto Legislativo 1350, dispuso el registro del impedimento del ingreso al país, a través de todos los puestos de control migratorio, de nueve ciudadanos de nacionalidad boliviana, entre quienes se incluye al señor Juan Evo Morales Ayma”, expresa el citado documento.
La decisión se fundamenta, como expresa el primer párrafo del comunicado, en la estricta vigencia del Estado Constitucional de Derecho en Perú; el razonamiento es impecable porque el gobierno de Boluarte afirma que “Perú es un país soberano y democrático, cuyo ordenamiento migratorio establece que todo ciudadano extranjero en el territorio nacional tiene el deber de conducirse cumpliendo el ordenamiento jurídico, en especial en lo referido a la seguridad nacional y el orden interno”. Es el mismo respeto y cumplimiento de la Constitución que al sistema semiparlamentario a destituir a Castillo por incapacidad moral para ese ejercer ese alto cargo.
En su descargo, Morales, además de culpar a la derecha y todo lo que suele expresar para victimizarse, ha afirmado, para confirmar que la medida migratoria peruana está justificada, que la “insurrección” en Perú no se resolverá con una reforma constitucional, sino con la ”refundación” del vecino país. Es decir, un proceso constituyente. No obstante, cabe remarcar que la nueva Constitución Política del Estado que Morales promulgó no fue la “solución mágica” prometida, causó división, ahora actúa como una traba para el área de hidrocarburos y nunca alcanzó la cualidad de ser una norma jurídica más que política. La Constitución, recordemos, ni siquiera fue respetada el 21-F por Morales, cuya intención de llegar a un cuarto mandato sumió al país en la actual crisis política.
