El sector privado en la democracia

Por principio, la actividad empresarial necesita de ciertas condiciones para desempeñar adecuadamente su rol en la sociedad, es decir, para generar bienestar a través de la provisión de bienes y servicios, creación de empleo digno, impulso al desarrollo e innovación y multiplicación y redistribución de la riqueza. Estas condiciones son, principalmente, la vigencia del Estado de Derecho y el cumplimiento de las normas; un sistema de justicia probo y eficiente; respeto y la protección de la propiedad privada; y estabilidad política y social.

En el ámbito de los sistemas de gobierno existentes, tales requisitos sólo pueden ser garantizados plenamente en la democracia, un modelo de organización política y social que, con algunas diferencias menores, ha sido adoptado por más de la mitad de la humanidad y por casi dos tercios de los países que la componen.

La democracia es el único sistema político que reconoce la igualdad de los individuos sin ninguna distinción, y define que sólo la suma de las voluntades libres de cada uno expresa la decisión de todos.  Su gran virtud es que, por su propia naturaleza, es perfectible según las nuevas visiones y los avances en la concepción de los derechos, por lo que nunca podrá considerarse como una realidad acabada ni estática, sino como un proceso en constante construcción, una dinámica que es al mismo tiempo creación y creadora de la sociedad. Para efectivizarse, la democracia se sostiene en la división y el equilibrio de poderes, la institucionalidad, la libertad de expresión, la gobernanza y la transparencia, es decir aquellos principios que garantizan el ejercicio de las libertades sociales, políticas y económicas.

Desde esa perspectiva, es el único sistema en el que se puede desarrollar plenamente la actividad empresarial y el libre mercado en su concepción actual, vale decir con sostenibilidad y responsabilidad social, orientada hacia el bienestar social e individual, promotora del desarrollo y la innovación y, sobre todo, activadora de la redistribución de la riqueza y su efecto multiplicador.

Y aunque es evidente que, en otros sistemas como las monarquías absolutas, las dictaduras o los regímenes populistas, también puede desarrollarse un libre mercado, éste variará en su naturaleza, objetivos, sustentabilidad y rol social.  En esos casos estará limitado y constreñido por la intervención y competencia desleal del Estado; caerá pronto en la connivencia corrupta con quienes manejan el poder absoluto viabilizando la formación de monopolios u oligopolios; someterá su funcionamiento a los caprichos del partido o los gobernantes, o se concentrará en el extractivismo, la ganancia rápida y las inversiones corrosivas.

El empresariado se potencia en un sistema democrático con sólida institucionalidad y bajo un sistema jurídico independiente y transparente, que otorgue la seguridad y las garantías mínimas para arriesgar nuevas inversiones.  Pero también precisa de condiciones de estabilidad política y social, reglas justas y claras, y un sistema de coordinación respetuosa y diálogo efectivo con las instituciones del gobierno nacional y regional.

Por todo lo señalado, en la mayoría de los casos, las instituciones que representan a los sectores empresariales incluyen en sus principios y estatutos la defensa de los valores democráticos, la vigencia del Estado de Derecho y la seguridad jurídica como ideales sociales, y como objetivos inherentes a su visión, interés y participación.

De ahí que muchas veces la dirigencia de los distintos sectores del empresariado privado asume una posición clara sobre problemas que atañen a sus derechos, pero también sobre asuntos que afectan los intereses comunes.  En los momentos más críticos del extremismo radical y de los gobiernos hostiles, los empresarios siempre se alinearon a las reivindicaciones y las demandas de la ciudadanía y, sin perder de vista su rol, con serenidad, responsabilidad, lucidez y firmeza aportaron a dar luces para solucionar los conflictos a través del diálogo, la paz y la concertación.

Muchas veces, esta consustancialidad entre el empresariado y la democracia no es adecuadamente comprendida ni compartida, especialmente por sectores políticos que preferirían un sector privado permisivo ante la violación de sus derechos, ajeno al debate sobre las barreras que el Estado le impone al emprendedurismo o condescendiente con los avasallamientos y la desprotección de la propiedad privada.

Los empresarios son ciudadanos que aportan al país y tienen los mismos derechos y deberes que cualquier otro, por eso es necesario y justo reconocer y valorar su opinión y sus demandas en la construcción y sostenimiento de la democracia, desde la perspectiva que ésta no es una dádiva de algunos sino un derecho de todos, y no es un complemento sino un requisito para garantizar la paz, la justicia, el bienestar y la libertad que son aspiraciones y derechos de los ciudadanos libres y comprometidos con el país, como son los empresarios.