Wilfredo Chávez, el orteguista aplazado

Es lamentable que una institución concebida para la defensa del Estado sea utilizada para intereses personales, grupales y partidarios. Wilfredo Chávez confunde el rol de la Procuraduría General del Estado con sus experiencias de tramitador, con su apego a un líder (que tanto lo maltrató en el pasado) y con un partido político.

Su último afán es hostigar, perseguir, procesar y —seguramente también— encarcelar a sacerdotes y obispos bolivianos porque en 2019 reunieron a distintos actores políticos y sociales para evitar la guerra civil en Bolivia. La política de ataque a la Iglesia católica es una constante de gobiernos autoritarios en América Latina, en distintas épocas históricas.

En las últimas décadas, aquella actitud que parecía ya superada, fue retomada con furia por los regímenes que alientan el pensamiento único y controlado y que gobiernan actualmente en Cuba, en Venezuela y, particularmente, en Nicaragua. Daniel Ortega y Rosario Murillo atacaron desde el inicio de su tiranía a los religiosos que habían luchado contra Anastasio Somoza, como el poeta Ernesto Cardenal.

El sandinismo después de 1979 tuvo distintos momentos de relaciones tensas y estrechas con la jerarquía católica. Es más, el obispo Ovando, ayudó a Ortega en momentos complejos de su primer mandato. Sin embargo, los sacerdotes, monjas y religiosas en su contacto cotidiano con la población conocieron la miseria del pueblo nicaragüense y los abusos del entorno palaciego de los Ortega Murillo.

Las denuncias crecieron en el último lustro, especialmente durante las protestas populares. Varias iglesias albergaron a jóvenes perseguidos, como es tradición desde el medioevo. Las tropas sacaron a los perseguidos, mataron a decenas de muchachos y cercaron a los párrocos que los llamaron “asesinos”.

Cada vez más, el régimen orteguista endurece su persecución a la Iglesia católica, encarcelando a curas y laicos. En una fase de franca paranoia y esquizofrenia, Rosario Murillo —una Herodías chabacana— sometió a obispos a prisión en condiciones similares al gulag soviético.

Chávez va por ese camino, olvidando todo el recorrido de miembros de la Iglesia católica, de la Conferencia Episcopal Boliviana en su conjunto y de instituciones de la Iglesia boliviana (además de cientos de católicos) para abrir el cauce democrático. Quiere ignorar cuánto hizo la Iglesia en favor de los perseguidos y encarcelados; en favor de los cocaleros reprimidos y en favor de los movimientos sociales.

Debería conocer que hasta la leyenda del Chiru Chiru y la Virgen del Socavón de Oruro se basa en esa defensa que hace la Iglesia de los perseguidos (aún de los ladrones), imitando el mensaje de Cristo.

El mensaje de Chávez, como de otros del Gobierno actual, va más allá. Quieren asustar a los obispos, evitar futuras mediaciones, evitar que amparen al perseguido, al ultrajado, al secuestrado, a la mujer encarcelada.

Chávez se aplazó defendiendo al Estado Plurinacional en tribunales internacionales. No tiene ningún trofeo que mostrar, si en ligas internas o ¿qué hace para frenar la captura del Estado por el narcotráfico? ¿Qué hace para controlar el uso ilegal y falso de cuentas públicas en redes sociales?

La reforma judicial debe comenzar tomando exámenes a todos los abogados que juran defender a una institución. Al parecer, personas con muy escaso conocimiento y poca formación ocupan sitiales que les quedan demasiado grandes.

Y después, sin ninguna vergüenza, forman sus propios consorcios jurídicos para cobrar como privados lo que no pudieron defender desde el Estado.