Fiscalía imputa a Áñez por genocidio en el caso Senkata
La comisión de fiscales del caso Senkata emitió la imputación formal contra la expresidenta Jeanine Añez, por los delitos de genocidio, homicidio y lesiones graves y leves en grado de autoría, en el proceso que se lleva adelante en la vía ordinaria.
La imputación tiene fecha de 17 de abril y fue presentada ante el juzgado penal cautelar primero de El Alto.
En criterio del Ministerio Público, Áñez es responsable puesto que se declaró presidenta, emitió el decreto que habilitaba la participación de las Fuerzas Armadas en operativos de orden público y designó a quienes llevaron adelante los hechos del 19 de noviembre, cuando fallecieron 10 personas en Senkata.
La imputación caracteriza a la movilización que hubo en Senkata como un hecho de "protesta pacífica".
"La denunciada JEANINE ÁÑEZ CHÁVEZ, asumiendo el control sobre las Fuerzas Armadas y Policía Boliviana, como Capitana General de las Fuerzas Armadas y con Mando absoluto en el caso de la Policía Boliviana, en fecha 19 de noviembre de 2019, procedió a la represión de sectores sociales en la ciudad de El Alto en proximidades de la planta YPFB-SENKATA, y personas civiles desarmadas, quienes ejercían su derecho a la protesta pacífica, por lo que se tiene demostrado el uso de fuerza innecesaria y desproporcional por parte de las fuerzas del orden, quienes realizaron operativos conjuntos Militares Policiales con esta finalidad, respaldados en el Decreto Supremo 4078", dice la imputación.
La comisión de fiscales pidió al juez que, como medida cautelar, disponga seis meses de detención preventiva de Áñez en el penal de Miraflores, mientras se realiza la investigación. La exmandataria ya se encuentra en esa prisión por otros casos.
En este caso, Áñez figura con defensa pública, puesto que ha rechazado la competencia de la comisión de fiscales y el juez cautelar para llevar adelante su proceso.
Áñez insiste en que le corresponde un juicio de responsabilidades, que se desarrolla ante el Tribunal Supremo de Justicia con previa autorización del Legislativo, puesto que los hechos de Senkata ocurrieron durante su ejercicio como presidenta.
En este caso se investigan los hechos de 2019, cuando movilizados en El Alto protestaban contra la asunción de Áñez bloqueando la planta de Senkata. Entonces, el 19 de noviembre, un operativo para sacar combustible de esas instalaciones dejó el saldo de 10 muertos y varios heridos.
La Fiscalía General ya presentó una acusación ante el Legislativo contra Áñez por este caso, para el juicio de responsabilidades, en 2021, pero desde entonces ese proceso no ha avanzado. En ese marco, los acusadores cambiaron de estrategia y llevaron el caso al proceso ordinario, a pesar de la protesta de la exmandataria.
