Fiscal pide 10 años de cárcel para López y Murillo por caso “gases”
La Fiscalía General del Estado presentó ayer ante la autoridad judicial la acusación formal en contra de nueve personas, por el caso “gases lacrimógenos”, presuntamente implicadas en la contratación directa para adquirir material antidisturbios.
Según el Ministerio Público, esa transacción ilegal causó un daño económico al Estado de 16 millones de bolivianos. Entre los acusados están los exministros Arturo Murillo y Luis Fernando López, para quienes la Fiscalía pide la pena máxima de 10 años de cárcel.
De los nueve presuntamente involucrados en el caso, dos son exfuncionarios del Ministerio de Gobierno, seis del de Defensa y uno de la empresa Bravo Tactical Solutions LLC.
En este caso, “el Ministerio Público emitió la acusación formal, debidamente sustentada, basado en 37 pruebas testificales y 179 documentales, secuestradas en la investigación que corresponde al proceso de contratación en los ministerios de Gobierno y Defensa. También se tiene una pericia de auditoría forense elaborada por el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), que demuestra claramente el daño económico causado al Estado, entre otros elementos probatorios”, informó el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa.
Los acusados
Lanchipa detalló que la acusación formal fue presentada en contra del exministro de Gobierno, Arturo Murillo, quien fue declarado rebelde, del exministro de Defensa, Luis Fernando López, (rebelde); del exdirector de Asuntos Administrativos del Ministerio de Gobierno, Sergio Alberto Zamora (rebelde); del exdirector de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Defensa, Raúl López; del exjefe de la Unidad de Análisis Jurídico del Ministerio de Defensa, Alan Menacho; del exdirector de Logística, Pedro Rea; de la exdirectora General de Asuntos Administrativos, Ruth Palomeque, y del exresponsable de Artículos Clase V del Ministerio de Defensa, Dennis Vera.
Asimismo, se presentó la acusación formal en contra del representante legal de la empresa Bravo Tactical Solutions LLC. Bryan Samuel Berkman, quien fue declarado rebelde.
Son acusados por los delitos de uso indebido de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública e incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica, enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado, entre otros.
“Por estos delitos la Fiscalía está solicitando una sentencia condenatoria y la pena máxima para los acusados, que es de 10 años de prisión, además se debe considerar las agravantes”, sostuvo Lanchipa.
Manifestó que, con la presentación de la acusación formal, la Fiscalía está a la espera del señalamiento del inicio de juicio por parte de la autoridad jurisdiccional. La declaratoria de rebeldía de algunos de los acusados no impedirá el juicio.
Situación de los dos exministros
Respecto a la situación de Arturo Murillo, el fiscal Juan Lanchipa señaló que a través de Cancillería se envió a la Embajada de Estados Unidos la solicitud de extradición, que tiene la documentación y se aguarda sea remitida al Departamento de Justicia. Esa instancia definirá la extradición del señor Arturo Murillo. En relación a Fernando López, indicó que el Ministerio Público solicitó a la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) la activación de la notificación roja para dar con su paradero.
El Ministerio Público ya requirió las medidas cautelares de carácter real sobre los bienes de los ahora acusados.
