Investigación financiera revela red de “palos blancos” ligados a Leyes
JESSICA VARGAS Y WALTER TAPIA
El informe de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) sobre el caso Mochilas revela la existencia de una red de familiares usados como “palos blancos” en las adquisiciones. Uno de los primeros identificados es el nexo con parientes de José Miguel Padilla, hombre de confianza del alcalde José María Leyes, y su cuñado Eduardo de U. A., en la compra de asfalto en 2015.
De acuerdo con el análisis financiero, el 26 de noviembre de 2015, el cuñado de Padillla, Eduardo de U. A., prestó a la empresa MSPC, proveedora de la Alcaldía, 46.817 dólares desde la cuenta del Bank of América N.A. por la “importación de cemento asfáltico”.
El 11 de diciembre, MSPC depositó 371.026 bolivianos por “devolución de préstamo y pago de comisión a Eduardo de U. A.” (Ver infografía)
El origen del dinero coincide con la primera de las 25 compras de cemento asfáltico que realizó el Gobierno Municipal de Cochabamba a la empresa MSPC desde 2015 hasta octubre de 2017.
Por estas cuentas, la UIF infiere que existen vínculos entre José María Leyes, Padilla y la empresa MSPC, en referencia al “lavado de fondos provenientes de defraudación de fondos públicos”.
Sin embargo, la amistad del entorno del exsecretario de Servicio al Ciudadano de la Alcaldía, Padilla, y Leyes comenzó al menos 10 años antes. En enero de 2007, Padilla instala su estudio jurídico junto a su cuñado Eduardo de U. A. y al alcalde Leyes, denominado “Padilla, Leyes y Udaeta”.
La asociación funcionó hasta 2016, antes del ingreso formal de Padilla al municipio. A ello se suma que cuando Leyes iba a ingresar como autoridad edil, declaró ante la Contraloría General del Estado una deuda de 140 mil bolivianos a favor de Padilla.
El exfuncionario volvió de Estados Unidos el 28 de junio y se entregó a la justicia, luego de ser buscado tres meses por su relación en el caso Mochilas I. Al estar considerado como el hombre clave de las contrataciones cuestionadas y apuntado por Leyes como responsable de la compra de las mochilas, Padilla aseguró en su declaraciones a la Fiscalía que no tenía poder de decisión y que seguía las instrucciones del Alcalde.
Padilla ingresó al municipio con un salario de 13.928 bolivianos en 2016, pero antes estuvo en otros puestos.
Según la UIF, el exfuncionario realizó al menos 18 depósitos en efectivo a tres de sus cuentas por 565.036 bolivianos. Importes que se presentan “fuera de su perfil económico, con frecuencias irregulares y sin justificación”.
En abril, Los Tiempos evidenció el vínculo entre MSPC y Leyes con la provisión de asfalto en reiteradas ocasiones, según el Sistema Estatal de Contrataciones (Sicoes).
La Alcaldía invirtió 27,7 millones de bolivianos: unos 15 millones por la compra de asfalto y tachones reflectivos y 12,6 por las mochilas escolares para dos gestiones.
Sin embargo, la UIF identificó que para la compra la empresa sólo gastó 7,2 millones de bolivianos y 95.745 dólares con giros a Brasil y a China. Es decir, existe una diferencia “desmesurada” de 20 millones de bolivianos.
La UIF considera que existen indicios de “corrupción y enriquecimiento ilícito” en la empresa y “abuso de facultades y atribuciones en la relación con Leyes y Padilla y los giros internacionales al cuñado de Padilla”, en EEUU.
371 mil bolivianos pagó la empresa MSPC al cuñado de José Miguel Padilla, Eduardo de U. A., el 11 de diciembre de 2015 por cemento.
USARON DINERO PRESTADO PARA MOCHILAS Y EL TERCER EMPRESARIO DEL CASO CALLA
JESSICA VARGAS
El tercer empresario mencionado en la investigación de las transacciones sospechosas realizó un préstamo para la compra de mochilas escolares a los representantes de MSPC Mane Comp, Juan de Dios Morales Espinoza y María René Ramírez.
En un contacto con Los Tiempos, manifestó que prefiere no brindar declaraciones al respecto, porque su relación es entre privados y que él exigió garantías del dinero, entre ellas un edificio.
Entre las transacciones sospechosas que se identificaron están cuatro giros hechos a China por 7,4 millones de bolivianos. De acuerdo, con fuentes cercanas al caso los empresarios solicitaron los préstamos desde 2016.
El tercer empresario prestó dinero a los involucrados desde el inicio. El documento refiere además que el pago por la compra de mochilas se hizo el 4 de abril de 2017, sin embargo, en la Aduana Nacional de Bolivia no se registran las importaciones en esa época sobre las mochilas.
En suma, se observa que la transacción para esta compra no coincide con la actividad comercial del empresario, que está relacionado a varias áreas como construcciones comerciales.
Por otro lado, los datos que arrojó la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), con sede en La Paz, también llaman la atención sobre un cheque de 10,9 millones emitido por la Alcaldía de Cochabamba.
