La justicia y su injusticia

Nada peor y abyecto, que un Estado incapaz de garantizar una correcta administración de justicia. Y si a ello añadimos que el Estado boliviano ha asumido constitucionalmente como uno de sus valores la igualdad, dignidad, libertad, justicia social y, como uno de sus fines y funciones, la construcción de una sociedad justa cimentada en una justicia social, entonces estamos frente a un escenario ruin en términos de justicia material y efectiva. A eso se suma que el Estado ha cobijado el deber de garantizar el ejercicio ilimitado del debido proceso y el acceso a una justicia social transparente.

Con nada de eso contamos en ciertos espacios judiciales. Por tal razón, la mayoría de los ciudadanos de este país no se sienten amparados por una justicia donde sus operadores sean efectivamente portadores de certidumbre cuando emiten sus fallos y honradez cuando los suscriben. ¡Nadie cree en la justicia boliviana! Y nada nuevo digo cuando hago este apunte. Y así es, con toda persona que cae en manos del Ministerio Público por ejemplo, y que sabiéndose inocente, sabe que existe una mano invisible capaz de torcer la verdad y hacer que un no violador, lo sea; que un no estafador, también lo sea; o que un homicida, sea inocente. Y mejor ni tocar si el caso trae consigo una fuerte dosis mediática o peor, si tiene componentes políticos.

La justicia, en esos niveles, es vomitiva. Eso sí, y aquí debo ser preciso, como en todo lo que en este mundo es perceptible, existen fiscales y jueces que deben lidiar con la corruptela de sus colegas, y que son gentes no solo altamente capacitadas, sino probas y rectas. Padecen por yerros ajenos y por la corrupción que está carcomiendo a los tribunales que conforman el Órgano Judicial.

La buena noticia es que tenemos a varios que forman parte de las listas que hacen honor al principio constitucional de servicio a la sociedad que sustenta el impartir justicia; la mala, es que no son los más, y siendo los menos, el sistema, como nunca antes había sucedido, ha llegado a un grado de descomposición aberrante. Y tan aberrante, que a nadie sorprende la noticia de un operador de justicia inmiscuido en actos reñidos con la ley, hasta que la indignación colectiva toma cuerpo cuando casos como el del bebé Alexander dan cuenta de una verdadera red de maleantes.

Ahí recién nos preocupamos. Ya no miramos ni pensamos en cuánta gente más puede estar detenida en las cárceles bolivianas —desatendidas por siempre, y prioritariamente debajo de canchas u obras civiles innecesarias— siendo inocentes. En Bolivia se marcha por el 21F o se bloquea por una u otra razón, causas gremiales o sociales, justas o no, pero jamás se ha asumido un compromiso social (en las calles) y el desafío de luchar para que el Estado cumpla con su deber de garantizar una justicia justa. ¡Qué paradoja! Es el Estado a través de jueces y fiscales el que hace todo lo contrario. Jueces y fiscales — no todos -– que pareciera han celebrado una suerte de Pacto Faustiano que los ha convertido en los Mefistófeles de la verdad y la justicia. Y si bien el sistema cuenta con autoridades judiciales de notable trayectoria y antigüedad, el drama de no contar con una justicia transparente nos coloca en una situación en la que cualquier otro derecho o libertad que quiera enarbolarse, deja de ser trascendente cuando se sabe que en Bolivia, una persona inocente puede ir encarcelada por un juez o fiscal corrupto.

Termino aquí: el Estado, desde la lectura de la Constitución, tiene como máximo valor al ser humano. Garantiza la independencia judicial y abraza los principios de respeto a los derechos, imparcialidad y probidad. Hoy, la realidad nos enseña que si bien la potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano, es éste el que está preso y en manos de sujetos que han maculado a la justicia entendida como el fin máximo del Estado de Derecho. ¡Liberen al médico!, y en algo, limpien su imagen.

El autor es abogado.