¿Una expulsión legal y legítima?
El ciudadano italiano Cesare Battisti –extremista político– perseguido por la República de Italia, por delitos vinculados al terrorismo, fue expulsado de Bolivia y entregado al gobierno de aquel país el 13 de enero; el hecho jurídico/político generó muchos comentarios que cuestionan y afirman la validez y legitimidad de ese acto. Quitémosle el velo de la ingenuidad:
El Estado boliviano, en varios momentos, presidido por diferentes gobiernos expulsó y entregó a súbditos extranjeros requeridos por otros gobiernos (vgr. Klaus Altman/Barbie), e inclusive entregó a nacionales (vgr. Luis Arce Gómez); pragmáticamente expulsó a policías chilenos el 2017, del mismo modo obraron otros gobiernos de Suramérica en distintos momentos (vgr. Raúl Haya de la Torre). Entiendo que los reclamos por la expulsión aluden a la entrega sin previo proceso, o respeto de derechos, afirmándose que contravendría principios y reglas sustanciales de la institución del refugio como parte del Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH).
En una segunda mirada podemos sostener que la expulsión puede ser considerada parte del Derecho Internacional, específicamente del americano; su repetición en el tiempo y el espacio permitiría que se la identifique como costumbre jurídica regional y parte de la derecho internacional de base estatal (soberanista) ya que su aceptación y práctica reiterada le otorgaría “legalidad”.
El vincular el hecho al Derecho Internacional del Refugio obliga a verificar otras hipótesis jurídicas, como las relativas al trámite administrativo que lo protegía y que de no haber sido negado o incumplido generaría responsabilidad jurídica para el Estado Plurinacional, reclamo que en todo caso debe ser iniciado por alguna persona ante organizaciones internacionales de derechos humanos.
En ambas hipótesis, es ineludible requisito la acción y voluntad de los sujetos y actores involucrados. En la primera hipótesis de los estados y en la segunda del perjudicado o de sus allegados; si ninguno genera las denuncias o peticiones pertinentes, de conformidad al derecho internacional vigente, esa inacción tendrá como consecuencia la falta de decisiones y consecuencias resarcitorias o sancionatorias esa posibilidad no es de interés del estado italiano o el boliviano, que no acciónarán, veremos si lo hacen los que se identifican con Battisti.
La legitimidad política o moral de la expulsión está relacionada con las ideas sostenidas por sus amigos o sus detractores. Indudablemente los que se identifican con su accionar político o quienes estiman su modelo revolucionario de armas tomar se sienten traicionados por quienes siendo sus aliados, entregaron al amigo. Y sus detractores la ven como una señal de debilidad y complicidad con los gobiernos italiano y brasileño.
Las interrogantes de legitimidad sólo se pueden responder analizando las reacciones de la psicología colectiva de los bolivianos que juzgan los hechos en los tonos de las contradicciones mediáticamente exhibidas o por la toma de posición de los extremistas de la guerra digital.
En conclusión: la legalidad o ilegalidad dependerá de las acciones legales que asuman los actores legitimados por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, en tanto que la legitimidad se hallará librada a la complicidad de sus amigos o el repudio de sus detractores y sobre todo a la recepción de la subjetividad social en liza.
El autor es abogado
Columnas de ÓSCAR ALBA
