Negligencia colectiva frente a los desastres “naturales”
Todos los años en esta misma época, con una recurrencia que dice mucho sobre los extremos a los que la negligencia colectiva llega en nuestro país, las lluvias y otros desastres “naturales” con sus respectivos efectos devastadores, ocupan un lugar privilegiado en la agenda informativa local y nacional. Es tanta la atención que se dedica al tema que, a primera vista, podría creerse que se trata de un fenómeno extraordinario que, por su rareza, merece un lugar especial entre las preocupaciones de la población y sus gobernantes.
Una somera revisión de los archivos noticiosos de los últimos años basta para demostrar que no es así. No es que este año, ni los anteriores, la época de lluvias haya llegado con más furia de lo habitual. Y si hay alguna variación en los indicadores que miden la pluviosidad, ésta es tan ligera que no explica tanto estrago y mucho menos puede ser un argumento exculpador de las autoridades municipales, departamentales y nacionales, cuya indiferencia ante las señales de alarma de la naturaleza son la principal, sino la única, causa de los males que tan injustamente se le achacan.
Para comprobar lo dicho, bastaría recapitular la infinidad de estudios que, desde hace décadas, tratan vanamente de llamar la atención sobre la directa relación entre la deforestación y los deslizamientos de tierra en las faldas cordilleranas. Lo mismo puede decirse de cuánto estrago está siendo desencadenado por las riadas en prácticamente todo el territorio nacional, desde las alturas andinas hasta las llanuras orientales.
En el caso de los valles, como Cochabamba o Chuquisaca, de nada sirven las decenas de informes sobre la necesidad de mejorar el manejo de cuencas. Décadas de trabajo, de estudios y acumulación de recomendaciones han sido echadas a un lado para dejar su sitio a camarillas burocráticas, cuyo principal propósito es apropiarse de la mayor porción posible de los recursos que se erogan en nombre de la prevención de desastres, primero, y de la atención de los daños, después.
Es cierto que la mayor carga de responsabilidad corresponde a quienes tienen en sus manos cualquiera de los tres niveles de la administración estatal, pero esa negligencia oficial no sería posible sin tener, como contrapartida, cierta aquiescencia de toda la sociedad. Es que gran parte de la sociedad, representada por quienes gobiernan, todavía tiene a los temas ambientales en un lugar muy secundario en su escala de valores y prioridades. Lo que da a la negligencia una dimensión colectiva.
