Hacia un paro de 48 horas
Lo que era previsible se ha cumplido. La Comisión Interinstitucional Impulsora del Censo de Santa Cruz, reunida en una segunda cumbre, ha determinado llevar a cabo esta vez un paro de 48 horas para el lunes 8 y martes 9 de agosto, si es que el Gobierno persiste en su intención de postergar el censo hasta mayo o junio de 2024. La demanda cruceña central es que el censo se efectúe a más tardar hasta el primer semestre de 2023.
El pliego tiene cuatro peticiones concretas: 1. la abrogación del Decreto Supremo 4760, que posterga el censo para 2024; 2. que el censo se realice hasta el primer semestre de 2023, según un cronograma que deberá emerger de un próximo encuentro de universidades; 3. respaldo, ante el Gobierno, al Rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno y representante de la Comisión, y, finalmente, 4. continuar el estado de emergencia departamental y si el Gobierno no escucha la demanda de abrogar el decreto de postergación, para realizar el censo en 2023, entonces se ingresará a un paro de 48 horas, entre el 8 y 9 de agosto.
Como se puede advertir, la nueva y dura medida de presión está condicionada a los resultados de la reunión, en La Paz, entre rectores y el Instituto Nacional de Estadística, además de otros técnicos, convocada por el Gobierno para el 4 de agosto, en la cual se espera establecer el cronograma final, fundamentado en criterios técnicos y en las propuestas presentadas por Santa Cruz y La Paz, principalmente, entre otros planteamientos que han surgido en estos días de controversia con respecto a la postergación del empadronamiento nacional. La dirigencia cruceña ha declarado que espera que tal convocatoria no sea solamente para distraer y, con ello, tratar de imponer el mandato del Decreto Supremo 4760.
Si el Gobierno, en la reunión que sostuvo con los alcaldes, no hubiera elegido el tortuoso camino de diferir el anuncio de la abrogación de su cuestionado decreto para postergar el censo, tal vez hoy no tendría la presión de un inminente paro de 48 horas. Pero, al parecer, como todo político que no admite equivocación alguna, por temor al costo de reconocer que a veces se cometen errores, abrió la fecha —pese a la vigencia de un decreto— para que se definiera bajo criterios técnicos; con la anunciada medida de presión de Santa Cruz encima, es muy poco probable que el Gobierno sostenga la postergación; en consecuencia, ahora el Ejecutivo podría sufrir dos paros, es decir, dos derrotas, con la consiguiente pérdida de autoridad. Además, la demanda cruceña gana fuerza y consenso en otras regiones, por lo cual ya no es una alternativa válida sostener la posición de llevar el censo hasta 2024.
Ni con las amenazas de sus grupos corporativos, liderados por la COB, el Ejecutivo logró amedrentar y detener las nuevas medidas de presión. Por el contrario, los cívicos cruceños los han apostrofado como “vividores del Estado” y, como el Gobierno, quedan también muy mal parados con las decisiones cruceñas.
