Víctimas de avasallamientos en el valle alto exigen continuar con los desalojos
Centenares de víctimas de avasallamientos le pidieron ayer al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) una solución para frenar el tráfico de tierras en Cochabamba.
El representante del Comité de Defensa de Tierras Avasalladas, José Luis Terán, indicó que en su pliego petitorio de 10 puntos piden el inicio de procesos penales contra los traficantes de tierra que ya están identificados desde hace varios años. Además, piden que el INRA cumpla con el desalojo de los avasalladores y las demoliciones de cuartos.
El Comité de Defensa de Tierras cuenta con más de 3 mil denuncias de afectaciones por avasallamientos de diferentes municipios y miles de hectáreas. Terán dijo que las comunidades que piden saneamiento tienen medidas precautorias que no se cumplen.
El sector protagonizó ayer una protesta en puertas del INRA con el uso de una gran cantidad de petardos que dañaron algunas de las ventanas de la institución y desprendimiento de vidrios. La UTOP de la Policía acudió a resguardar las instalaciones.
Los afectados piden la intervención en las zonas de T’ajra, Kewiñal, Villa Copacabana, Albarrancho, Florita Norte y otras comunidades.
“Ya hemos tenido muchas reuniones con el director del INRA Nacional, pero nunca avanza y sigue lo mismo”, señaló uno de los manifestantes.
Se prevé que en los próximos días se desarrolle una reunión con la dirección nacional del INRA para atender los pedidos. Terán dijo que el trámite pasó a advocación, por lo que ahora le compete a la nacional.
Remarcó que las protestas continuarán si no existe solución y los sectores amenazan con radicalizar las medidas de presión. “No es posible que tarden tanto los trámites, las personas están molestas”, remarcó.
Albarrancho de Cercado, Villa Copacabana de Tolata, Tajra de Arbieto y otros sectores del valle alto son algunas de las comunidades donde se reportan avasallamientos con grandes afectaciones y sin solución
Fedjuve pide cambiar jueces
La Federación Departamental de Juntas Vecinales (Fedjuve) recibió en 2022 más de 500 denuncias de afectaciones por avasallamientos.
El dirigente de Fedjuve, Ángel Quispe, cuestionó que, pese a tener identificados a más de un centenar de los traficantes de tierra, los jueces no actúan de oficio.
En un ampliado con la participaron de la Confederación de Juntas Vecinales (Conaljuve), se determinó pedir la renovación de los jueces para frenar los avasallamientos.
