Primer informe: CIDH no ve avances en las pesquisas de la crisis de 2019
El primer informe de la Mesa de Seguimiento a la Implementación de las Recomendaciones (Meseg) del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) sobre la crisis política de 2019 evidenció que, en al menos cinco casos de violencia y muerte de personas e Vila Vila, Challapata, Betanzos, Yapacaní y Montero, la justicia no ha investigado, no ha identificado a los responsables y archivó los casos, según publica el diario El Deber de Santa Cruz.
Alertó de este modo que las instituciones del Estado afectan el derecho al debido proceso, además que en los otros casos investigados, como son Senkata y Sacaba también hay retardamiento. Por otro lado, ve con preocupación que existe persecución y amedrentamiento judicial sin garantizar la presunción de inocencia de las personas que son procesadas por los hechos de 2019.
"La comisión nota con preocupación el contexto de persecución y amedrentamiento en contra de algunas víctimas en el marco de los procesos penales seguidos", se lee en una de las conclusiones del Primer Informe de la Meseg al que tuvo acceso El Deber.
También anota que se estigmatiza y no se adoptan medidas para restituir "la honra y dignidad de las víctimas expuestas públicamente como responsables de actos delictivos". Esto conlleva, dice la CIDH, a la criminalización sin garantizar la presunción de inocencia de esas personas.
Sin avance ni culpables
En el marco de la recomendación número cinco del GIEI que pide al Estado investigar de manera seria, efectiva, respetando el debido proceso y los derechos de las víctimas y de las personas imputadas para aplicar sanciones a los responsables, el informe de la Meseg anota la siguiente conclusión:
En los casos de las "caravanas del Sur Vila Vila y Challapata" que el 11 de noviembre de 2019 fueron interceptadas por grupos armados, la CIDH informa que en ambos casos "el proceso está concluido o rechazado, lo que implica que no se han realizado actos de investigación".
"La CIDH observa con preocupación que ninguno de estos procesos haya llegado a una etapa de juzgamiento. Ambos han sido sobreseídos o rechazados, por lo que no se está procesando a ninguna persona por estos hechos actualmente. Esto podría afectar el derecho al debido proceso de las víctimas en estos hechos", dice el informe de la Meseg que será presentado hoy en la cancillería por el relator de la CIDH José Luis Caballero.
En los actos de violencia de Betanzos, Montero y Yapacaní entre el 24 de octubre y el 20 de noviembre de 2019, en los que se incluyen el asesinato por armas de fuego de Marcelino Jarata en Betanzos, el 12 de noviembre de 2019, y de Filemón Salinas (15 años), en Montero el 13 de noviembre, la CIDH informa que en ambos "los procesos judiciales no han reportado avances en la investigación", no se han realizado pericias "para determinar las circunstancias del hecho y los posibles responsables".
En dichos casos, la CIDH también muestra preocupación porque "los procesos judiciales no han avanzado de manera adecuada. En ninguno de los casos se ha avanzado en identificar posibles responsables, o se han realizado investigaciones".
En cuanto a la represión violenta en la zona sur de La Paz del 11 de noviembre de 2019, cuando fallecieron por disparos de arma de fuego Percy Conde Noguera, Juan Martín Pérez Taco y de Beltrán Paulino Condori, la CIDH informa que el Estado patrocinó solo a dos de las tres familias de las víctimas.
En este caso se investiga a policías o, como dice la CIDH, "agentes encargados de hacer cumplir la ley por el uso desproporcionado de la fuerza contra población civil". Los tres casos se encuentran en etapa preparatoria, se dispuso su reapertura en octubre de 2021 pero con "audiencias que se reagendan por ausencia de actores procesales". Es decir, no hay avance en estos procesos legales sobre estos hechos.
Sobre la muerte del activista "Julio Llanos, ocurrida en La Paz el 29 de octubre del 2019 por manifestantes" afines al MAS, el proceso está en etapa preparatoria y aunque se han identificado posibles autores, la investigación no avanza.
El informe de la Meseg tiene dos apartados por los hechos del 15 de noviembre en el Puente Huayllani (Sacaba) con la muerte de 10 personas por la represión policial, y en Senkata (La Paz) del 19 de noviembre de 2019 con el fallecimiento de 10 personas por "enfrentamientos con agentes de la Policía y las Fuerzas Armadas". En ambos casos, la CIDH también muestra preocupación por el lento avance de las investigaciones después de tres años. Las víctimas de esas masacres también observaron al Gobierno por incumplimientos.
