Trago amargo
En vísperas de las fiestas de fin de año, la industria nacional revela un dato que amarga un tanto nuestra alegría: una de cada cinco botellas que consumiremos en estas fiestas será ilegal (de contrabando o adulterada), lo cual puede atentar contra nuestra salud personal, pero también contra la salud económica de la empresa privada y del país en general.
Una vez más, el tema de contrabando es un dato de preocupación para la industria nacional, que no sólo sufre grandes pérdidas económicas, sino también un golpe que repercute en el empleo, de modo que el efecto indirecto irradia en otros ámbitos hacia la población.
Los informes calculan un movimiento económico de 382 millones de dólares, entre contrabando y bebidas adulteradas. A partir del dato, se puede estimar que el costo fiscal de este mercado alcanza, en promedio, los 220 millones de dólares anuales. “Con el dinero que el Estado boliviano dejó de percibir en los últimos siete años por efecto del comercio ilegal de bebidas alcohólicas, pudo haberse construido 22 hospitales de tercer nivel, cada uno con 200 camas”, explicó el economista Gabriel Espinoza, autor del estudio.
Hace sólo dos días, los agropecuarios cochabambinos reportaban una pérdida de 65 millones de bolivianos por la sequía, pero también por el contrabando, cuya avalancha de alimentos y bebidas, procedentes, sobre todo de Argentina y Chile (80 por ciento), pone en jaque a la producción boliviana.
La Aduana cumple su trabajo y frecuentemente reporta el decomiso y destrucción de estos productos, lo cual es un punto a favor. El punto en contra es que desmerece investigaciones independientes sobre este tema al considerarlas poco serias. Quizá haya que contrastar estudios (o elaborarlo si no hay, cosa difícil de creer) y plantear soluciones.
Los industriales dedicados a la producción de bebidas alcohólicas, en tanto, deploran que su sector es golpeado simultáneamente por dos flancos. El primero es el ya mencionado contrabando; el segundo, por la aplicación desproporcionada de impuestos. Se refieren a las alícuotas específicas del impuesto al consumo específico (ICE), que para 2024 sufrieron un incremento de 2,5 por ciento, es decir, 0,11 bolivianos por litro a la cerveza, lo que hace a la bebida boliviana menos competitiva con relación a los otros productos.
Quizá sea hora de, una vez pasada la euforia de esta fiesta, sentarse en una mesa de análisis y plantear medidas concretas que contengan el contrabando y la falsificación de los productos de calidad.
Del otro lado, habrá que entender que, lejos de incentivar la producción nacional, se la está asfixiando con mayor carga impositiva, por lo que éste deberá ser otro ámbito urgente de trabajo, y, por lo que se ve, la industria nacional aún tiene mucho trago amargo por beberse.
