30 años de escándalos en el poder
Hace tres décadas, Bolivia empezaba a ser gobernada por la generación de políticos posterior a las que habían protagonizado la Revolución Nacional y las dictaduras militares. La renovación empezaba con escándalo ideológico incluido: un pacto para compartir a mitades el poder entre extorturadores y extorturados, entre ultraderechistas y exizquierdistas revolucionarios. Para fines formales, los unos se llamaban Acción Democrática Nacionalista (ADN), liderados por el exdictador Hugo Banzer Suárez. Los otros, también formalmente, se llamaban Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (MIR), encabezado por el exaspirante a guerrillero Jaime Paz Zamora.
El reparto de la dote fue tan proporcional que en uno de los primeros acuerdos se creó el sui generis “Ministerio Sin Cartera”. Así, tanto la ADN como el MIR tendrían nueve ministerios cada uno. Pero el “miti y miti” llegaba a más, especialmente a la devolución del favor mayor: así como los votos de ADN en el Congreso habían hecho a Paz Zamora presidente, los del MIR, en el futuro debían hacer al exdictador mandatario constitucional. El acuerdo fue cumplido ocho años más tarde.
Pero no fue la única gran contradicción de aquellos tiempos. En la otra orilla, el legendario Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) tenía lo suyo. Aquel partido que, actos apoteósicos mediante, en los 50 había nacionalizado las empresas de los multimillonarios oligarcas de la minería boliviana, tenía como nuevo líder al multimillonario empresario Gonzalo Sánchez de Lozada.
CUATRO TIPOS DE DELITO
Probablemente, una de las marcas de los 30 años para la política boliviana pueda ser el escándalo. El pragmatismo con que los nuevos actores se han ido acomodando a las circunstancias vino acompañado de al menos cuatro tipos de delitos cometidos con recurrencia casi matemática: delitos contra las libertades democráticas, narcotráfico, tráfico de armas y delitos económicos. El complemento de la marca bien podría decirse que se llama impunidad.
Y no es que los Gobiernos emeneristas de los 50 y 60 ni mucho menos las dictaduras hayan sido precisamente ejemplo de consecuencia y honestidad. Por el contrario, las nuevas generaciones de políticos llegaron, sin falta, con un virtual prontuario de sus antecesores en la mano y las promesas de cambio en la boca.
Un ejemplo, en el Encuentro mirista del 26 de enero de 1980, el dirigente Guillermo Capobianco instó: “Ratifiquémoslo delante de la memoria de nuestros mártires, de que jamás ensuciaremos nuestras manos con la mierda institucionalizada de la corrupción de este país (…). Porque el MIR, compañeros y compañeras, tiene una moral probada. Cuando nuestros enemigos les afirmen: ‘He visto a Toño, he visto a Jaime, he visto a Óscar empozando fuertes sumas de dinero en los bancos, comprando lujosas residencias’, quémense las manos, quémense las manos compañeros, porque eso jamás va a suceder”.
Hay declaraciones explícitas de dirigentes de aquel partido igualmente radicales con relación al golpismo y la inconsecuencia política. Pero también hablaron en falso sus pares. “Goni es un hombre que ya ha hecho fortuna, no necesita robar. Ahora quiere pasar a la historia como un gran presidente”, decía el ministro Alfonso Revollo. “Banzer busca borrar la imagen de dictador y de mal administrador que la izquierda le pintó tras su primer gobierno”, aseguraba su asesor Alfredo Arce.
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GOLPISMO
Pese a promesas y augurios, ninguno de los presidentes de los últimos 30 años se libró, para empezar, de las oscuras sombras del fraude o del golpismo. De hecho, aquel acuerdo MIR-ADN surgió de un escándalo suscitado en la Corte Nacional Electoral (CNE). Cuatro vocales del ente habían amañado la distribución de parlamentarios en favor de ambos partidos en días previos a la definición presidencial en el Congreso. En julio de 1989, la suma de aquel fraudulento cuoteo de diputados permitía alcanzar la mayoría de votos que elegiría al nuevo Presidente el 6 de agosto.
Peor aún, en varios de los gobiernos sucesivos los atentados contra la democracia fueron de menos a más. En abril del año 2000, frente a las movilizaciones campesinas, Banzer bordeó la posibilidad de imponer un estado de sitio al estilo de los años 70. Se asegura que el Alto Mando militar de aquel tiempo y más de un diplomático le explicaron que eran otros tiempos.
“Calculamos que frenaremos la subversión con 2.500 muertos”, afirmó el ministro Carlos Sánchez Berzaín a principios de octubre de 2003. Era el pico de la crisis que derivó en la caída de Sánchez de Lozada, en medio de un país militarizado. El empresario que lideraba el MNR, desde ocho meses antes, tras otra conmoción social, solía aparecer cada vez con más frecuencia rodeado de militares. No pudo apoyarse demasiado en ellos y salió huyendo ese célebre octubre.
Hay versiones que incluso atribuyen la intención del cierre del Congreso boliviano además al transitorio gobierno de Carlos Mesa. Se basan en declaraciones de personalidades como el embajador de EEUU, David Greenly y del propio Mesa. Greenly ha asegurado que “Mesa intentó ser un presidente populista”. Ha añadido que, en 2005, el entonces ministro José Galindo en cierta oportunidad le preguntó cuál sería la posición de EEUU si Mesa cerraba el Parlamento.
Como es sabido, el gobierno de Carlos Mesa, sucesor de Goni, vivía asediado por la presión de las bancadas del MNR y del MIR. Luego, el acoso se amplió al Movimiento Al Socialismo (MAS) de Evo Morales con quien había pactado una discreta convivencia como Gobierno de transición. Sin embargo, la tendencia a una “no-transición” colapsó aquel acuerdo. Huelga citar las denuncias sobre violaciones a los derechos democráticos que en tiempos más recientes surgieron, especialmente a partir del 21 de febrero de 2016.
NARCOTRÁFICO
Otra veta recurrente de escándalos en el poder boliviano de las tres décadas recientes se llama narcotráfico. Descubierta en 1994, a Paz Zamora la proximidad con el narcotraficante Issac “Oso” Chavarría le forzó a una renuncia pública a la actividad política y el encarcelamiento de su mano derecha Oscar Eid Franco. En febrero del año 2000, Banzer debió sacrificar nada menos que a uno de sus principales asesores de seguridad y sobrino político, Marco Marino Diodato. Una sospechosa conducta de espionaje a la agencia antidrogas de EEUU (DEA) hizo recordar los polémicos y olvidados narcovínculos de su dictadura. “Yo cumplí mi palabra, general —declaró crípticamente Diodato al entregarse—. Espero que usted cumpla la suya”.
Quién iba a creerlo, pero también un narcoescándalo de alto vuelo estalló en tiempos del primer gobierno de Sánchez de Lozada y el contradictorio MNR empresarial (1993-1997). En septiembre de 1995, la DEA y autoridades peruanas interceptaron un avión carguero con 4,5 toneladas de cocaína, tráfico que había sido organizado por personal cercano al ministro Carlos Sánchez Berzaín. Se recordó que éste, antes de su ingreso a la po traficantes como Jorge “Techo de Paja” Roca. El misterio de cómo conjuró culpas y sanciones se mantiene.
Por su parte, el gobierno de Carlos Mesa, entre los guiños que hubo con el MAS, amplió la concesión de las hectáreas de cultivo de coca legal. Esas que marcan con cada vez más intensidad la polémica sobre cuán funcional resulta a los potenciados circuitos del narcotráfico la producción de la hoja boliviana.
TRÁFICO DE ARMAS
Pero no sólo un tema escabroso como el narcotráfico marcó los escándalos de las tres décadas. El tráfico de armas le manchó también imágenes. En 1991, tiempos del acuerdo MIR-ADN, un Gobierno muy amigo del régimen, el del argentino Carlos Menem, tramó una triangulación para vender clandestinamente armas a Croacia y Ecuador. En uno de los atajos previstos se hallaba una falsa venta de cañones y fusilería a Bolivia por más de 50 millones de dólares. Las denuncias en Argentina involucraban a varios funcionarios bolivianos y aludían al propio presidente Paz.
Diez millones de dólares en escopetas que nunca llegaron a la Policía Boliviana también mancharon al gobierno de Banzer en abril de 2000. Berkman SRL, la empresa que había vendido aquella producción, desató el escandalete. Tres ministros de Gobierno, Leopoldo Fernández, Walter Guiteras y Guillermo Fortún, y el interinato presidencial posterior de Jorge Quiroga, evadieron sistemáticamente cualquier aclaración. Otro misterio hasta el presente.
Curiosamente, el Gobierno más transitorio y breve de estos 30 años, de Eduardo Rodríguez Veltezé, sufrió el mayor problema de tráfico de armas de la historia boliviana. La columna vertebral de la defensa antiaérea nacional, en una noche de curiosa distracción militar y presidencial, fue entregada a un grupo militar de EEUU. Treinta y seis misiles HN5A, de fabricación china, fueron sustraídos en septiembre de 2005 de los arsenales del Estado Mayor del Ejército. El analista Samuel Montaño ha explicado: “EEUU temía que ese material caiga en manos peligrosas dada la proclividad de los militares bolivianos a ‘perder’ armamento”. El proceso duró 12 años, ocho autoridades fueron sentenciadas a penas menores de entre tres y dos años de cárcel.
Sin duda, los mayores escándalos de estos 30 años se hallan relacionados a delitos cometidos contra la economía boliviana. Y prácticamente en cada caso, hasta en los interinatos, abundaron las denuncias sobre negociados por cientos y hasta miles de millones de dólares. Negociados con los recursos naturales, negociados con los préstamos internacionales, negociados con los fondos sociales sumaron como para la redacción de textos íntegros de denuncia. Un ejemplo: el libro “La fortuna del Presidente”, escrito por Andrés Soliz Rada, se constituyó en un best-seller con cuatro reediciones oficiales e incontables impresiones pirata. Otra obra, “El Dictador elegido, biografía no autorizada de Hugo Bánzer”, de Martín Sivak, tuvo un éxito similar.
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MASIVA CORRUPCIÓN
En el primer caso, Soliz Rada acumuló, para gran parte de la obra, irrefutable documentación que pone en evidencia diversos ilícitos cometidos por Goni. “Sánchez de Lozada usó la Presidencia de Bolivia para ampliar su fortuna”, señaló Soliz como principal conclusión. En la obra se denuncia un esquema de apropiación de los mayores yacimientos mineros bolivianos por parte de Goni. Se muestra además los vínculos del empresario presidente con empresas transnacionales a las que se halla asociado que obtuvieron gangas para ingresar a Bolivia en el área de los hidrocarburos. Nadie desmintió nunca a Soliz.
Y claro, sobre el actual gobierno de Evo Morales y sus 13 y medio años se ha escrito probablemente decenas de libros críticos. Suman materia para cada uno de los casos citados.
Eso, al margen del mayor delito pendiente: todas las carencias, sangre y muertes injustas que esos delitos y sus consecuencias generaron. Cientos de muertos, sea en protestas en campos y calles, sea en hospitales miserables, sea en el anónimo crimen que ha buscado silenciar a alguien que ya sabía demasiado.
RECURRENCIA
Los delitos que han marcado los escándalos de Gobiernos bolivianos tienen que ver con los que atentan contra las libertades democráticas, narcotráfico, tráfico de armas y delitos económicos.
El Gobierno más transitorio y breve de estos 30 años, de Eduardo Rodríguez Veltezé, sufrió el mayor problema de tráfico de armas de la historia boliviana.
