Las bases de la capitalidad
// Texto: Juan José Toro Montoya (*)
Fotos: Rosario Barahona Michel y Carlos Rodríguez //
“Sucre es la capital de Bolivia”. El anunciado aparece así, tal cual, en el parágrafo II del artículo 6 de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia y, para llegar a ese punto, tuvieron que transcurrir 184 años.
La confusión comenzó el 11 de agosto de 1825, en Chuquisaca, hoy Sucre, se estaba fundando un nuevo país que, de inicio, se llamó República Bolívar. El acto fundacional fue cinco días antes, cuando se labró y firmó un documento denominado “Acta de Independencia del Alto Perú”. El acta declaraba la intención manifiesta de los diputados de conformar un nuevo país, pero todavía no lo constituía como tal. Eso se hizo días siguientes, emitiendo decretos con los cuales se le dio nombre al nuevo Estado, se fijó su capital, su forma de gobierno, sus símbolos patrios; peso, ley y denominación de sus monedas.
El 8 de agosto de 1825 aprobaron la primera ley y tres días después aprobaron un primer decreto que aprobó y promulgó dos medidas trascendentales: su nombre, República Bolívar, y su capital. El artículo 14 dice, textualmente, lo que sigue: “14.- La ciudad capital de la República y su departamento, se denominarán en lo sucesivo, Sucre” (CB: 1825-1826. 14).
La confusión
Al analizar esa norma, y equipararla con la Ley del 1 de julio de 1826, la primera conclusión es que los diputados de la Asamblea Deliberante no fueron específicos respecto al lugar donde debía establecerse la capital. A eso se suma una teoría, nunca sustentada documentalmente, en el sentido de que, en su condición de estadista, Bolívar había resuelto que se construya una ciudad equidistante a todas las capitales de departamento para que cumpla la función de capital del nuevo país.
La falta de precisión dio lugar a debates y confrontaciones que, incluso, se tradujeron en una guerra civil como consecuencia de una ley de radicatoria que, a la luz de su texto, pretendía poner fin, tan tarde como 1898, a la ambigüedad de los textos legales.
La norma expresa, que figura en el artículo 6 de la actual Constitución, tampoco se obtuvo graciosamente. Fue el resultado no sólo de décadas de debate sino de enfrentamientos que tuvieron su punto más álgido en la zona de La Calancha, de Sucre, con el saldo de tres muertos y cientos de heridos.
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El debate
Cuando el mariscal de Ayacucho convocó a una asamblea general de diputados de las provincias del denominado “Alto Perú”, el 9 de febrero de 1825, quedó en claro, para el resto de los conductores de los pueblos que se habían liberado de la dominación española, que esas tierras iban a declarar su independencia.
Extranjero como era, Sucre no estaba obligado a conocer en detalle el funcionamiento de la Audiencia de Charcas, que tenía su sede en La Plata, o Chuquisaca. Por eso es que, aun encontrándose en La Paz, una ciudad cuya vecindad con Lima le había otorgado una innegable importancia económica desde tiempos virreinales, no convocó a los diputados a reunirse en ese lugar, sino en Oruro que, desde la perspectiva de su llegada, desde el Perú, estaba “más adentro” de la región que, en ese momento, era conocida como “Alto Perú”.
Cuatro meses después, el 3 de junio de 1825, Sucre emitió una orden para cambiar la sede de la asamblea. Se reuniría en Chuquisaca, en atención a que había diputados de “alguna edad (a los que) les es imposible venir á Oruro, donde el excesivo frío de la presente estación los destruiría”. El argumento es cuando menos curioso si se toma en cuenta que la mayoría de los diputados que formaron parte de la Asamblea Deliberante eran de La Paz, Chuquisaca y Potosí, ciudades que estaban próximas a Oruro, y, si se revisa sus edades, pocos la tenían avanzada.
Pero, en aquel año, había un argumento mayor, sustentado en hechos históricos: Chuquisaca era la sede de la Audiencia de Charcas y, por tanto, ejercía una capitalidad de hecho, constituida desde que se constituyó el obispado de Charcas, en 1551; la propia audiencia, cuatro años después, y la universidad San Francisco Xavier, en 1624. Se había decidido constituir esos organismos en Chuquisaca debido a su vecindad con Potosí, de donde salía la plata que nutrió a la corona española desde 1545.
Entonces, en 1825, la mayoría de los habitantes de Charcas —o, si se quiere, del “Alto Perú”— consideraban a Chuquisaca como la capital y, por ello resultaba lógico que la asamblea de sus representantes se reúna en esa ciudad. Como la capitalidad se daba por hecha, no se la expresó con todos sus detalles geográficos en la Ley del 11 de agosto de 1825.
Está claro que el debate sobre dónde sería la capital, que debía llevar el nombre de Sucre, surgió después, y debió ser un tema difícil cuando se disolvió la Asamblea Deliberante, quedando las decisiones importantes en manos de cinco diputados que representaban a cada uno de los cinco departamentos existentes entonces: José Mariano Serrano, a Chuquisaca; Juan Manuel Montoya, por Potosí; Rafael Monje, de La Paz; José Manuel Tames, Cochabamba, y Antonio Vicente Seoane, Santa Cruz (RB: 1826. 11). Como se ve, los departamentos del sur quedaron en una minoría de dos frente a cinco y no se puede descartar que Montoya haya planteado la posibilidad de que Potosí sea la capital, dada la influencia económica y la fama que la ciudad tuvo durante la colonia.
Quizás por eso, la siguiente asamblea, que ya tenía función constituyente, promulgó la Ley del 1 de julio de 1286 que declaraba que Chuquisaca era la “capital provisoria de la República” y se le otorgaba a Bolívar la potestad de decidir el sitio donde sería construida la ciudad que tendría esa función y se llamaría Sucre (CB. 204 y 205).
Los argumentos
Como se sabe, Bolívar nunca tomó una decisión respecto a la construcción de una nueva ciudad y la falta de documentación contundente al respecto no permite afirmar si tuvo una posición al respecto. En cambio, en el periodo comprendido entre el 11 de agosto de 1825 y el 11 de julio de 1826, hubo actos y disposiciones de gobierno que reconocieron la capitalidad de hecho que ostentaba Chuquisaca.
Por ejemplo, el 11 de diciembre de 1825, en el famoso decreto que constituyó la base para la educación boliviana, el Libertador determinaba, en el artículo quinto, “que se establezca una Escuela militar en la capital de la República” (RB. 21) y, apenas dos días después, con el argumento de que había sido “oída la diputación permanente”, según documentos históricos, ordenaba el establecimiento, “en Chuquisaca (, de) una Escuela militar en la que tendrán opción a entrar todos los jóvenes de la República, desde la edad de doce años hasta la de veinte”.
El 7 de diciembre de 1825, Bolívar ya había reconocido la capitalidad de Chuquisaca al ordenar que allí funcionara la administración de correos de la nueva república. Ese hecho se refleja en la orden de Sucre del 12 de diciembre que señalaba que “la administración de correos de Chuquisaca es la administración general, y que le corresponde y tiene la misma atribución y facultades que le detalla la ordenanza de correos a la administración general” (CB. 69).
El 27 de mayo de 1826, el Congreso Constituyente le encargó el mando de la nación a Antonio José de Sucre quien, mediante la Ley Reglamentaria Provisional del 19 de junio de 1826, se convirtió en el primer presidente de la República de Bolivia. Fijó la sede de sus funciones en Chuquisaca y la correspondencia que emitió lleva el encabezado de “Palacio de Gobierno”, pero ese uso no era nuevo ya que el propio Bolívar le dio ese nombre desde el 11 de diciembre de 1825.
La función “provisoria” de Chuquisaca duró 13 años. El 12 de julio de 1839, el presidente José Miguel de Velasco promulgó una ley que cerraba formalmente la polémica al señalar que “la ciudad de Chuquisaca es la Capital de la República, y conforme á la lei de 11 de Agosto de 1826 se llamará en adelante la Ciudad Sucre”.
(*) Juan José Toro es presidente 2018-2020 de la Sociedad de Investigación Histórica de Potosí (SIHP).
