Misicuni insiste en ratificar sentencia contra el consorcio
La Empresa Misicuni anunció que agotará los recursos legales para que la sentencia contra los seis representantes del Consorcio Hidroeléctrico Misicuni (CHM) sea ratificada por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental, que desde el 9 de agosto atiende la apelación presentada por la abogada de defensa pública.
El presidente de la Empresa Misicuni, Jorge Alvarado, afirmó que pidieron que las condenas de 8, 6 y 3 años contra los representantes del CHM: Martín Francisco Rovira, Raúl Nemtala Caballero, Eduardo Gómez Vásquez (colombiano), Julio Hernán Espinel Martínez (colombiano), Francesco Senis (italiano) y Raúl Magioni (italiano) se ratifiquen en el plazo de 20 días, como establece la ley.
“Sería lo que corresponde en justicia, porque se ha engañado desde el principio”, dijo Alvarado. Recordó que los seis ejecutivos, que fueron juzgados en rebeldía en 2017, tienen una condena en primera instancia por incumplimiento de contrato, debido a que conformaron un consorcio ficticio para adjudicarse la construcción de la represa.
La ejecución de obras de la represa, construida como una solución a la falta de agua en Cochabamba, se adjudicó en 2007 al Consorcio Hidroeléctrico Misicuni, conformado por varias empresas entre ellas CCI de Bolivia, Grandi Lavori de Italia y Obresca de Venezuela.
El contrato se firmó en un inicio por 78 millones de dólares, pero hasta 2013 se incrementó a más de 90 millones y finalmente se resolvió por incumplimiento de contrato, falta de liquidez del CHM y la sospecha de que se trataba de una asociación ficticia, que provocó un daño de 24 millones de dólares.
Misicuni expresó ayer su susceptibilidad por el rol de la abogada de Defensa Pública que presentó un memorial de apelación de 100 páginas y durante la audiencia de alegatos orales presuntamente fue asesorada por abogados que llegaron de La Paz con la intencionalidad de favorecer a dos de los seis procesados: Raúl Nemtala Caballero, representante de CCI, y a Julio Hernán Espinel de Obresca.
La Sala Penal Primera tiene 20 días para pronunciarse sobre la apelación de la sentencia judicial.
LOS JUZGARON EN REBELDÍA
Los representantes del Consorcio Hidroléctrico Misicuni no asumieron su defensa en el proceso y fueron declarados rebeldes de la justicia.
La Empresa Misicuni estimó el daño económico en 24 millones de dólares y un incremento del costo del megaproyecto a 32 millones de dólares.
Una vez que se cuente con una sentencia ejecutoriada, Misicuni apelará a la Cancillería para ubicar a los representantes del consorcio, que por ahora se presume que están fuera de Bolivia.
