Imputan a Leyes por el caso comida y piden su detención por tres meses
El Ministerio Público imputó este jueves al alcalde José María Leyes, de Demócratas, por la presunta comisión de cuatro delitos en la adjudicación de comida para los policías y militares durante la emergencia sanitaria de la Covid-19, por lo que, solicitó su detención preventiva por 90 días, según la documentación del proceso.
La Fiscalía imputó al Alcalde por la presunta comisión de: resoluciones contrarias a la ley, incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica, debido a que el contrato por 488 mil bolivianos se habría suscrito sin que el empresario adjunte el Registro Único de Proveedor del Estado (RUPE).
En tanto, otros dos procesados el secretario General, Elías Vásquez, y el jefe Jurídico de Contrataciones, Mario Querejazu, están imputados por cuatro y un delito, respectivamente. La Fiscalía también ha solicitado la detención preventiva de ambos. En tanto, que para el secretario de Protección al Ciudadano, Omar Cordero, pidió únicamente una medida personal y lo imputó sólo de incumplimiento de deberes.
Se prevé que la audiencia cautelar se instale en el transcurso de la mañana en el Juzgado Anticorrupción No. 2. La instancia que deberá valorar los elementos que presente la Fiscalía y la defensa.
En tanto, el abogado del alcalde, Jimmy Almanza, denunció ayer que la Fiscalía vulneró los derechos de su defendido que debía declarar el 2 de junio, luego que su audiencia se suspendió el 18 de mayo, porque consideraba que tenía Covid-19 por haber estado en contacto con dos pacientes positivos.
Aunque la justicia no ha definido aún la situación jurídica del Alcalde y los otros procesados, la concejala Celima Torrico, del MAS, ya anunció a los medios que estará pendiente de la convocatoria que haga la presidenta del Concejo Municipal, Beatriz Terán, para la eventual elección de un nuevo Alcalde.
Leyes fue aprehendido ayer y pasó la noche en celdas de la Felcc a la espera de la audiencia cautelar. El secretario de Gobernabilidad, Edwin Paredes, dijo que el gobierno municipal se declaró en estado de emergencia porque la nueva crisis que se da en medio de la pandemia del coronavirus y denunció la vulneración de derechos del Alcalde y su familia. La Fiscalía alega riesgos de fuga y obstaculización del munícipe por el hallazgo de una libreta de notas con un posible plan de fuga.
