Denuncian a Novillo y Canelas por K’ara K’ara
Asambleístas Departamentales de la bancada de Demócratas presentaron ayer una denuncia ante el fiscal anticorrupción contra el gobernador Iván Canelas, el exgobernador Edmundo Novillo y otros dos funcionarios por incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, acusándolos de no haber realizado la auditoria ambiental al botadero de K’ara K’ara.
Los legisladores opositores Mario Orellana y Freddy Gonzales afirmaron que no se cumplieron los procesos para el control y cierre gradual del botadero desde 2012, año en que desembolsaron 5.600.000 bolivianos para la contratación de una empresa que realice la auditoria.
“Se han establecido muchas irregularidades (…). Como bancada demócrata, tomamos la determinación de presentar la denuncia por incumplimiento de deberes y conducta antieconómica y posiblemente malversación de fondos. Fundamentalmente, la Gobernación no ha hecho nada en este tema”, dijo Gonzales.
Los asambleístas acusan también a Soledad Delgadillo, secretaria departamental de la Madre Tierra, y a Ana María Bayro, directora de Recursos Naturales, como funcionarias directamente responsables.
“Nuestra preocupación está relacionada a que estas autoridades ejecutivas dejen de lado esta actitud irresponsable de no hacer nada para revertir esta situación crítica del medioambiente en la región metropolitana”, afirmó Orellana.
RECHAZAN ACUSACIONES
La secretaria de la Madre Tierra, Soledad Delgadillo, calificó la acusación presentada por los legisladores demócratas de “sin sentido” y “fuera de lugar”, una vez que, aseguró, esta auditoría ya está activada.
“Ya hemos trabajado en este tema, hemos realizado las transferencias presupuestarias y hemos descongelado estos recursos. La Asamblea ya ha aprobado esto. Está en el Ministerio de Finanzas para la certificación presupuestaria, de manera que en muy pocos días estaremos invitando a empresas para que presenten sus propuestas”, dijo la funcionaria citada en un boletín de prensa de la Gobernación.
Delgadillo puntualizó que en muchas ocasiones la Gobernación sancionó al Municipio por el mal manejo del botadero, lo que llevó a este último a depositar recursos para una auditoría. “Hemos hecho, en su momento, esos informes a asambleístas de la oposición que lo han solicitado”, remarcó.
Agregó que a la primera licitación no se presentaron proponentes, en la segunda se seleccionó a una empresa que no contaba con la documentación; después, se hizo una invitación por excepción en 2014.
