Birmania vive ola de protestas, represión, juicios civiles y muertes
Mientras el movimiento de desobediencia civil entierra a las víctimas de la represión en Birmania (Myanmar), la junta militar que protagonizó el golpe de Estado del 1 de febrero se enroca en el poder pese a la condena internacional.
La represión que cobró más de una veintena de vidas en un solo día –domingo 28 de febrero– y 38 personas más el pasado miércoles fue condenada por el secretario general de la ONU, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) y la comunidad internacional.
Estados Unidos no escondió su preocupación y amenazó con nuevas sanciones contra el gobierno de facto.
“Condenamos el brutal asesinado de personas desarmadas por parte de las fuerzas de seguridad birmanas, sus ataques contra periodistas y activistas y las detenciones arbitrarias. Washington en estrecha coordinación con sus socios y aliados, ha dejado claro a los militares birmanos que la violencia contra los birmanos es abominable. La escalada reciente y la táctica de las fuerzas de seguridad es condenable”, señaló el portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Ned Price.
¿Qué pasa en Birmania?
Desde el pasado 1 de febrero, el país del sudeste asiático ha vuelto a las imágenes clásicas de los cambios de gobierno por la fuerza: marchas militares, tanques en la calle, detención de los líderes políticos elegidos democráticamente.
Este retorno al pasado puede ser especialmente trágico en un país que tan solo había comenzado un frágil e imperfecto camino hacia la democracia hace menos de 10 años, tras casi medio siglo de dictadura militar.
La imagen actual, con las Fuerzas Armadas en el poder y la líder política Aung San Suu Kyi bajo arresto domiciliario, es parecido a la de entonces.
El jefe del Ejército y nuevo dirigente de facto del país, el general Min Aung Hlaing, ha prometido la celebración de nuevas elecciones en el plazo de un año y la cesión de poder al ganador, pero hasta entonces podría maniobrar desde el Ejecutivo para asegurar la victoria de un partido afín a sus ideas en unos comicios con pocas garantías.
Parte de la sociedad civil de Birmania ha rechazado el golpe y se ha unido a un creciente movimiento de desobediencia civil en su contra.
Las próximas semanas marcarán el destino del pronunciamiento; condenado en bloque por las potencias occidentales, pero calificado de “asunto interno” por los principales socios regionales del país, China y muchos de sus vecinos de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (Asean, por sus siglas en inglés).
El golpista
El general Min Aung Hlaing, acusado de liderar el supuesto genocidio contra la minoría musulmana rohinyá, acabó sin disparar un tiro con la frágil e imperfecta democracia el 1 de febrero.
El general golpista justificó la asonada militar debido al supuesto fraude electoral cometido en las elecciones de noviembre de 2020 que dieron una victoria aplastante a la Liga Nacional para la Democracia (LND) de Aung San Suu Kyi.
De carácter reservado y con ambiciones, Min Aung Hlaing se ha labrado una carrera dentro del cuerpo castrense bajo la sombra durante muchos años del poderoso jefe de la anterior junta militar entre 1992 y 2011, Than Shwe.
Su legado militar incluye negociaciones de alto el fuego con algunas guerrillas de las minorías étnicas y despiadadas campañas militares en las que sus tropas han sido acusadas de asesinato de civiles, violaciones y otros abusos.
Min Aung Hlaing nació el 3 de julio de 1956 en la ciudad sureña de Tavoy (actualmente conocida como Dawei) y, tras estudiar dos años de Derecho en la Universidad de Rangún, ingresó con 18 años en la Academia Militar.
Limpieza étnica
Min Aung Hlaing, un acérrimo nacionalista, proclamó públicamente que los rohinyá no son una minoría étnica del país sino inmigrantes de Bangladesh, y justificaba que se les negara la ciudadanía y otros derechos.
En 2017, tras el ataque de un grupo guerrillero rohinyá, el Ejército lanzó una campaña militar contra esta minoría en el estado Rakáin (oeste), por la que Birmania fue acusada de presunto genocidio ante el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya.
La ONU estima que durante esta campaña “de limpieza étnica con marcas de genocidio”, que terminó con más de 740.000 rohinyás huyendo a la vecina Bangladés, fueron asesinadas al menos 10.000 personas.
La lealtad de Suu Kyi llegó al punto de que encabezó la defensa del Ejército en el tribunal de La Haya, lo que hundió su reputación internacional, aunque no en su país, donde sigue siendo idolatrada.
Aung Min Hlaing no le ha pagado con la misma moneda y le ha arrebatado el poder.
Datos: Agencias e internet
AUNG SAN SUU KYI
SÍMBOLO DE RESISTENCIA
Suu Kyi se ha convertido en un símbolo internacional de resistencia pacífica a la represión, con sus esfuerzos personales para mantener la democracia en el país que lograron poner fin, en 2011, a más de medio siglo de Gobierno militar en Birmania.
En 1991 fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz por su “lucha por la democracia y los derechos humanos contra la violencia”.
Suu Kyi no pudo postularse en las elecciones de 2015 porque la constitución prohíbe ese cargo a aquellas personas cuyos familiares en primer grado son ciudadanos de otros países y los hijos de “la dama” son británicos.
Aunque Suu Kyi no pudo convertirse en jefa de Estado, se convirtió en la “líder de facto” como presidenta del Consejo de Estado y ministra de Relaciones Exteriores después de los comicios.
ANÁLISIS
BIRMANIA, UN PAÍS QUE NECESITA REINVENTARSE
ISIDRE AMBRÓS. Analista internacional
En otoño de 2015, Myanmar entera vibraba de emoción. Las calles de Rangún, Mandalay, Bago o Myitkyina bullían de gente ilusionada por votar en las primeras elecciones libres después de más de 25 años de dictadura militar. Todo el mundo iba a votar a “Mama Suu”, como llaman los birmanos a la
Premio Nobel de la Paz de 1991, que repartía promesas de reformas sociales, económicas y de la Constitución, así como acuerdos de paz con las minorías étnicas en guerra con el Estado desde hacía más de seis décadas. La LND de San Suu Kyi obtuvo el 79,4 por ciento de los escaños en liza.
Los birmanos volvieron a la cita con las urnas el 8 de noviembre de 2020, pero sin el entusiasmo de entonces. Han sido las primeras elecciones generales que ha organizado un gobierno civil desde los años 50 del siglo XX, pero la población ha descubierto que las promesas políticas no se transforman en realidad de la noche a la mañana. San Suu Kyi volvió a arrasar en las urnas y, sin duda, es la política más popular y querida del país, pero no ha podido evitar que una parte de la población considere que la LND gobierna para la mayoritaria etnia bamar (grupo de origen chino-tibetano que abarca el 65% de la población), es insensible a las minorías y comparte numerosos puntos de vista con los militares.
De hecho, los logros que ha alcanzado durante estos cinco años de gestión han sido escasos. Antes de asumir el poder prometió esforzarse en lograr tres grandes objetivos: la reconciliación nacional y un acuerdo de paz con las minorías étnicas, impulsar el desarrollo del país y cambiar la Constitución promulgada por los militares en 2008. La realidad ha sido muy distinta.
Mama Suu ha decepcionado a las minorías étnicas. Su falta de ímpetu para alcanzar un acuerdo de paz y dotar de mayor autonomía política a los siete Estados que configuran Birmania ha causado desazón.
