Los reacomodos de la corrupción en el sur

Ya no es secreto que la corrupción, entre otras tantas formas de crimen, ha penetrado los partidos y espacios de representación política (movimientos, frentes, agrupaciones, etc.) en la mayoría de los países al sur del río Bravo y que, para seguir lucrando, en función de la cuota de poder político o intereses que tienen sus caudillos mal llamados “líderes”, están utilizando todo tipo de embustes, sin importar los intereses supremos de sus pueblos o los “procesos revolucionarios” que predican representar.  

Esta realidad, que es verificable a través de los informes temáticos de los mecanismos de la ONU y la OEA (independencia judicial, corrupción, etc.) y desde lo privado y la acción social (redes sociales, organizaciones de la sociedad civil temáticas, independientes, etc.), alerta sobre los avances e institucionalización de la corrupción, que en estos últimos años ha ido mutando y perfeccionando sus procedimientos, formas y contenidos, a fin de asegurar impunidad a sus perpetradores.

Hoy por hoy, las caretas que exhibe la corrupción, en su modalidad de crimen organizado, son diversas y lo grave es que opera bajo el paraguas de protección de instituciones, constitucional y legalmente, con mandatos de proteger a la persona en sus derechos humanos. El impacto que la corrupción genera –paradójicamente– afecta principalmente a los sectores en situación de vulnerabilidad (niños, niñas, adolescentes, mujeres, LGTBI, pueblos indígenas y afro descendientes).

Los encontramos en la política del pasado y del presente, en gobernantes “democráticamente elegidos” en su momento, algunos de los cuáles han decidido perpetuarse en el gobierno de sus respectivos países, considerando que controlan todo y en ese marco digitan a los sistemas electorales y de justicia. También están en el mundo empresarial, a través de testaferros y operadores que en campañas electorales “lavan dinero” proveniente del narcotráfico y empresas corruptas y corruptoras como Odebrecht, a cambio de futuros favores. En la prensa, sus adeptos tienen una conducta dócil y complaciente, sobre todo en aquellos países donde los acusados de corrupción hacen gobierno. La iglesia, no solo la católica, no escapa a este laberinto delictivo y tiene a interlocutores que minimizan y promueven la impunidad ante casos flagrantes de corrupción y abuso de poder (ver caso del ex primado Juan Luis Cipriani).

Estas formas de corrupción estatal o con relaciones formales –desde lo privado– con lo estatal, han desarrollado estructuras de control gubernamental que, conforme avanza el tiempo, se robustecen. Por eso, se resisten a rendir cuentas ante jueces y fiscales independientes que, conozco, existen en cada país. Retan cada día al orden constitucional y legal y demuestran, gracias a la inexistencia de carrera pública, entre otras debilidades del Estado, lo difícil que resulta vivir bajo las reglas y principios de la democracia.

Por ejemplo, el caso peruano demuestra lo peligroso y dañino que resulta tener una mayoría en el Congreso (primer y más importante poder del Estado) cuyos “líderes” representan a organizaciones creadas para la corrupción y otras formas de crimen organizado. Esta situación explica las razones de los “fujimontesinistas” y sus aliados los “alanistas”, de mantener secuestrados al Congreso y al sistema de justicia (Ministerio Público y poder Judicial); a través de autoridades representativas y clave como en la presidencia del poder Judicial, la oficina de Control de la Magistratura y una mayoría en la Junta de Fiscales Supremos (órgano máximo de decisión del Ministerio Público). Queda claro que buscan impunidad para Keiko Fujimori y Alan García, situación que –indirectamente– beneficia a ex gobernantes como PPK, Humala, Toledo y ex alcaldes y presidentes regionales. Por eso están –todos a una como en Fuente Ovejuna– buscando como “tumbar” el acuerdo suscrito la semana pasada por la Fiscalía Anticorrupción y Odebrecht. La mafia contraataca y –penosamente– mis paisanos peruanos (no todos), siguen distraídos en banalidades y asuntos superficiales.

En ese sentido, es necesario estar muy atentos, informarse y llevar nuestras voces de rechazo a la corrupción –que, reitero, tiene varias caretas– a las calles. Otra forma de corrupción es el silencio y la indiferencia. Lo verifiqué estando en Lima por casi dos meses, los políticos corruptos le tienen terror a la población repudiándolos en lugares públicos y con ansias de llegar nuevamente a las urnas para cobrarles la factura.

El sistema democrático está en jaque y depende de la proactividad de la población lograr su liberación. Los políticos corruptos y sus huestes lo saben, por eso su desesperación por mantenerse en el ejercicio del poder e impedir ser juzgados: la única forma de lograr impunidad a sus actos delictivos.