Chantaje electoral: más de lo mismo
Repetir la conducta antidemocrática del anterior gobierno del MAS tendrá los mismos resultados. Cuando García Linera amenazaba, en 2015, con suprimir la inversión estatal en aquellos municipios en los que perdiera el MAS, no sólo estaba ensanchando la distancia entre el gobierno y la gente, sino qué estaba certificando la inexistente vocación por la construcción autonómica y la superación del centralismo.
Esa visión patrimonialista de la inversión pública y el chantaje autoritario sobre el voto la está repitiendo hoy el presidente Arce, porque el término “coordinación” no disimula nada y, peor, como llega a las vacunas, se asemeja a una grosería inaceptable.
Y no fue un lapsus. Fue un discursito repetido en Tarija, Santa Cruz, La Paz, Huari y Huanuni que, a tiempo de ofender la dignidad de la gente desesperada por el virus, la está subestimando como si todavía estuviéramos en el tiempo de la Candidatura de Rojas donde todo se resolvía cheque contra prebenda o viceversa.
Pero no tiene mucho sentido ya hablarle de ética al MAS y a sus actuales gobernantes. Es más importante ver qué está expresando esta inconducta gubernamental, muy próxima al cohecho electoral y al fraude, como actos frescos del masismo que motivaron, en 2019, la sublevación ciudadana que puso en fuga a sus autores.
Está expresando la escasa representación de candidatos gubernamentales que apenas podrían ofrecer “coordinación” para sustituir el vacío programático con la acción paternal de su Gobierno. Es expresiva de un agotamiento burocrático que, en el caso de Eva Copa, no admite renovación alguna. Y está expresando la carencia estructural de una visión gubernamental que no entiende la gobernabilidad territorial como la efectiva coordinación entre todos los niveles de gobierno, a partir de la institucionalidad del voto y las necesidades de la gente, y no del color político distinto de gobernantes siempre transitorios. Y esa visión mediocre está en la base de los exabruptos de campaña que desmerecen en absoluto el texto constitucional. La autonomía y la descentralización, como mecanismos esenciales de la construcción nacional, siguen fuera del radio de comprensión masista. El centralismo, como herencia colonial, parece persistir en la médula espinal de los que, sin embargo, siguen hablando de descolonización.
Son ellos los que recortaron la autonomía local y la departamental, usurpando las competencias subnacionales con un supraalcalde que desde Palacio de Gobierno financiaba e inauguraba obras barriales de dudosa utilidad, sin planificación ni participación ciudadana alguna, desplegando al mismo tiempo el acoso político y la persecución judicial, hasta el extremo de suspender y derrocar gobernadores y alcaldes descalabrando la institucionalidad democrática.
Y, peor, fueron ellos los que centralizaron los recursos casi hasta la asfixia; engrosaron la billetera del gobierno central con el 90% del presupuesto, dejando apenas el 10% para nueve gobernaciones y 342 municipios. Pero además confiscaron el IDH de las regiones para financiar políticas nacionales como exploración de hidrocarburos, renta de vejez, bono de discapacidad y hasta una supuesta “educación cívica”, reteniendo sumas millonarias que, al parecer, han sido malversadas.
Por eso es que se negaron testarudamente a suscribir el Pacto Fiscal, previsto en la Ley Marco de Autonomías, malogrando el mecanismo principal para la construcción del país autonómico, inscrito en el artículo 1º de la Constitución.
Carentes de una visión autonómica y descentralizadora, obviamente, los candidatos masistas sin propuesta no tendrán otra que estirar la mano para que el gobierno nacional “coordine” sus carencias, sometiendo a las regiones. Pero la comunidad no está dispuesta ni a estirar la mano ni a someterse. Al menos en los municipios principales y en siete gobernaciones no tendrán mucho chance los candidatos del centralismo que deberá nomas refugiarse en el área rural, abandonada por una oposición todavía sin capacidad de formular proyectos y propuestas nacionales.
Es que el MAS no está enfrentando, este 7 de marzo, opciones de mediano alcance. Son más bien liderazgos, entre nuevos y antiguos, medio improvisados, sin estructuras partidarias, pero expresivos de un sentimiento opositor que, en el reequilibrio institucional, puede ser portador de un nuevo impulso autonomista y descentralizador.
Y ese impulso será mayor si desde el Palacio de Gobierno se persiste en reprobar el examen democrático, con esas notas groseras de sentirse propietarios hasta de las vacunas. Parece que en la plaza Murillo se han olvidado que están en pleno examen de desquite que ya no admite más aplazos.
El autor es político y abogado
Columnas de JUAN DEL GRANADO






















