Savonarolismo alteño

La semana pasada, en medio de temas más importantes como el rechazo a la nueva Constitución chilena, la muerte de la Reina de Inglaterra y la gran piña interna que está teniendo en el MAS ( Evo se está dando cuenta que es posible que no sea candidato en 2025), ha pasado inadvertido un acto de abuso cometido por un grupo de vecinos de El Alto, que armados con una moral savonarolesca se ha lanzado a saquear propiedad privada y a amedrentar a personas de “dudosa moral”.

Me refiero al allanamiento con violencia de un edificio donde funcionaban aparentemente unos “lenocinios” o prostíbulos ilegales; esto habría causado una enorme furia a padres de familia de un establecimiento educativo cercano y habrían procedido a cercar el edificio y luego a saquearlo. Luego habrían venido la Policía y la Intendencia Municipal, que habría clausurado los locales para siempre.

Aunque algunos comentaron que estos locales seguro se reabrirían muy pronto.

Es muy posible que esos establecimientos estuvieran funcionando de manera completamente ilegal, es posible que hubiera trata de personas y existe la potencialidad de que inclusive en esos establecimientos se hubieran prostituido menores de edad, un extremo que no fue verificado. Tanto la trata de personas, en general, como la de menores de edad deben ser investigadas y ejemplarmente castigadas, pero por las autoridades pertinentes y siguiendo los pasos legales adecuados. Menciono esto porque evidentemente los lugares de prostitución están en un espacio al límite de la legalidad y pueden crear animadversiones entre vecinos que creen que deben cuidar las “buenas costumbres” y eventualmente la legalidad. 

Pero debemos aclarar algo: nadie tiene derecho de cercar y menos de invadir un espacio privado, menos saquearlo, o vandalizarlo, y mucho peor amedrentar a esas mujeres, algunas muy jóvenes (aunque mayores de edad) que además están en una situación altamente vulnerable, como es lo que se llama hoy en día la situación de prostitución. 

El sexo monetizado es parte de la realidad de la vida de las personas y no necesariamente de un sector degenerado, sino también de sectores muy empobrecidos: es posible que hombres jóvenes muy pobres sólo tengan acceso a una vida sexual de esa manera. Combatir la prostitución por razones morales y como se hizo en este caso, más que solucionar el problema puede agrandarlo, porque lo último que se debe hacer es ilegalizar o expulsar esta actividad a sectores alejados, donde los riesgos, sobre todo de las mujeres que la ejercen, se multiplican. 

El problema de la prostitución no es un tema menor ni marginal en el Alto de La Paz, debe ser manejado sin pacatería y con profundo respeto a las personas involucradas, no sólo las proveedoras del servicio, sino también los usuarios (inclusive los que pierden medallas presidenciales en ese afán). 

Tiene que estar claro que el problema no se soluciona con acciones como la descrita al inicio de esta columna, que además son delictivas y deben ser punidas. Nadie puede tomar la justicia por sus manos y menos amedrentar a otros de manera vandálica.

Aceptar la existencia de este comercio, regularlo y crear sistemas de protección ante todo para las personas más débiles de ese circuito es una labor importante y pendiente del Estado y de las municipalidades. 

Creo que la Defensoría del Pueblo debe actuar en este caso, porque a la violencia ejercida por los vecinos se añadió una ejercida por el Estado. Y es importante actuar defendiendo los derechos de las personas que viven en las periferias de la legalidad, o más allá.