Tan mal estamos que ocultamos la información

En medio de un escenario político y económico convulso, Bolivia se enfrenta a desafíos significativos que amenazan la estabilidad democrática y el bienestar de sus ciudadanos. La falta de transparencia gubernamental ha emergido como una preocupación central, erosionando la confianza pública en las instituciones y obstaculizando el acceso a información vital para la toma de decisiones informadas. En este contexto, la falta de transparencia en la información de la gestión gubernamental no sólo refleja una crisis de rendición de cuentas, sino que también plantea serias interrogantes sobre el estado de la democracia en el país.

La situación política en Bolivia apunta a una carencia de institucionalización y un desplazamiento hacia un régimen autoritario, actualmente caracterizado por un híbrido entre democracia y autoritarismo. Esta evaluación se respalda en datos concretos, como el hecho de que Bolivia se ubica en el puesto 130 de 140 en el Índice de Estado de Derecho elaborado por el World Justice Project, el 106 en el Índice de Democracia realizado por la Unidad de Inteligencia de The Economist y el 133 en el Índice de Percepción de la Corrupción. En síntesis, el país enfrenta desafíos considerables, y la falta de información pública de calidad y oportuna es una de las causas.

En su vida académica, investigativa y laboral, muchos estudiantes, académicos y periodistas se han enfrentado al desafío de solicitar información a instituciones para sus investigaciones. Lamentablemente, las respuestas suelen ser negativas, con el argumento del interés para solicitar esa información. A pesar de volver a presentar sus solicitudes, la respuesta negativa persiste. Esta situación resulta sumamente frustrante para quienes buscan acceder a información pública de relevancia para sus investigaciones.

A pesar de que el acceso a información de calidad es un derecho reconocido tanto en la Constitución Política del Estado Plurinacional como en numerosos tratados internacionales suscritos por Bolivia, en un país donde la información se mantiene oculta, es imposible esperar una gestión efectiva. La falta de transparencia gubernamental tiene consecuencias devastadoras, incluida la erosión de la confianza pública en las instituciones democráticas. Esta situación no sólo perjudica la capacidad de los ciudadanos para evaluar las políticas y acciones del Gobierno, sino que también socava su credibilidad.

La transparencia y la rendición de cuentas son pilares fundamentales para el correcto funcionamiento de una democracia. Sin embargo, mientras persista la falta de transparencia gubernamental, este ideal democrático seguirá siendo un objetivo distante. Uno de los ejemplos más notables de esta falta de transparencia se refleja en la escasez de información disponible para la sociedad civil, especialmente en lo que respecta a los sectores económicos estratégicos de Bolivia. El sector de hidrocarburos, en particular, ha sido objeto de intensa discusión en este aspecto.

En los últimos años, el gobierno de Arce ha dejado de publicar datos económicos importantes, lo que aumentó la incertidumbre entre los ciudadanos. Entre la información que ya no se hace pública se incluyen el estado de las Reservas Internacionales Netas (RIN), la Memoria de la Economía Boliviana 2022, la evolución de la deuda pública y la balanza de pagos.

Las autoridades de fiscalización sectoriales y de control social, antes conocidas como superintendencias sectoriales, tienen la responsabilidad de mejorar la eficiencia en sus respectivos sectores y de erradicar los abusos cometidos por empresas o cooperativas en detrimento de los usuarios, clientes o socios. Sin embargo, con el tiempo, han perdido su razón de ser al empezar a eliminar información estadística u operativa previa al 2006. En la actualidad, estas autoridades producen poca información estadística, la cual suele ser incompleta o incluso inexistente.

La participación imparcial de la Autoridad de Fiscalización de Empresas (AEM) es cuestionable y se destaca por su enfoque severo al imponer multas a las empresas por no presentar información requerida, pero no aborda la falta de presentación de información por parte de las empresas públicas como Ecebol o Envibol, entre otras que están bajo la supervisión del Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas (Sedem).

La crítica situación económica, al borde de la quiebra, que enfrentan las cooperativas de telecomunicaciones va a tener como consecuencia la pérdida de más de 3.200 empleos y la desaparición de aportes de certificados de aportación valuados en más de 4.700 millones de bolivianos. Esta situación, en parte, se atribuye a la falta de fiscalización de la Autoridad de Fiscalización y Control de Cooperativas (Afcoop) y la Autoridad de Fiscalización de Transportes y Telecomunicaciones (ATT). Desde 2012, estas entidades no han supervisado adecuadamente la gestión de las cooperativas, las cuales no han publicado información de gestión, como sus estados financieros, privando así a los socios de la posibilidad de conocer el desempeño de dichas entidades.

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) es otra institución que ha disminuido notablemente su transparencia y la calidad de su información cuantitativa, lo que ha afectado su credibilidad. En comparación con otros institutos de estadísticas en países sudamericanos, el INE ofrece una cantidad limitada de información, y ésta no está desagregada. Para empeorar las cosas, ciertos datos económicos no se han actualizado durante varios años.

En conclusión, la opacidad gubernamental representa una amenaza significativa para la salud de las democracias modernas. Sólo a través de un compromiso genuino con la transparencia y la rendición de cuentas podemos garantizar que las instituciones democráticas funcionen de manera efectiva y sirvan verdaderamente a los intereses de la ciudadanía. La lucha por la transparencia no es solo un imperativo moral, sino también un requisito indispensable para la preservación de la democracia y el estado de derecho.