Accidentes de tránsito y responsabilidades
Al menos 70 personas, incluidos niños, han muerto en rutas de Cochabamba, La Paz, Potosí y Oruro entre el 20 de diciembre del año pasado y ayer, 17 de febrero: un promedio 1,2 fallecidos cada día en accidentes de tránsito.
Nada extraordinario, si consideramos que —según datos de la empresa de seguros UNIVida— en Bolivia murieron 4.906 personas en accidentes similares entre 2019 y 2022. En promedio, poco más de tres diarios.
Las últimas víctimas fatales de ese tipo de circunstancias fueron 28 —hasta el cierre de esta edición— y fallecieron al embarrancase un bus de transporte interdepartamental de pasajeros en la carretera Potosí-Oruro.
El suceso ocurrió porque el conductor habría perdido el control, de acuerdo con un informe policial preliminar.
Accidentes como ese y el número de muertos y heridos que provocan llaman la atención por unos días, luego pasan a ser unas cifras más en las estadísticas de la aseguradora que vende el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, y quizás en los registros policiales.
Lo extraordinario es que se conozcan con precisión las causas de esos siniestros. Lo cual es raro. Y cuando ocurre, esa información revela irresponsabilidad de las autoridades encargadas del control del tránsito de vehículos, del estado de estos y de las capacidades de quienes los conducen.
Como el caso del bus que se volcó cerca de Uyuni debido a “la falta de pericia del conductor hizo que pierda el control del motorizado” según el informe policial. Nada sorprendente pues su licencia de conducir no lo habilitaba para ese trabajo y era ayudante del conductor.
¿Por qué el ayudante estaba conduciendo ese bus? Nunca se supo. La Policía anuncia siempre que está investigando las razones por que las que ocurren los accidentes.
Jamás —o muy rara vez— se informa sobre las condiciones en las que los vehículos siniestrados obtuvieron la certificación de sus “condiciones técnicas, mecánicas (…) de funcionamiento y seguridad (…) con la finalidad de reducir la probabilidad de accidentes”, como lo establece la Ley General del Transporte.
Esa norma específica establece que todos los motorizados deben pasar por una revisión, conocida como Inspección Técnica Vehicular, que debe realizarse en “establecimientos especializados y acreditados, que deberán estar equipados con líneas de inspección para vehículos livianos, pesados y motocicletas”.
Nada de eso ocurre. Es la Policía que hace esa inspección, mediante su Dirección de Fiscalización y Recaudaciones, cuya función “más importante viene a ser el fortalecimiento de las políticas institucionales encaminadas al logro del bienestar y seguridad económica de los servidores públicos policiales”, según lo anuncia en su página web.
