ATPDEA: ¿recuerdan? Así desmanteló Evo Morales el comercio con EE. UU.

Pérdidas económicas, cierre de fábricas, microempresas y medianas, entre ellas empresas textiles, fábricas de pantalones, marroquinería, trabajos en cuero, sectores agrícolas y mucho más. Todo este descalabro no fue un accidente de la naturaleza ni un castigo divino; tuvo nombre y apellido. Ocurrió durante el gobierno de Evo Morales Ayma, cuando el naciente Estado Plurinacional prefirió alimentar mediocres ideologías socialistas, indigenistas y populistas de izquierda antes que resguardar el sustento de las familias trabajadoras.

De un solo plumazo ideológico, la soberbia gubernamental mandó el motor exportador del país directo al infierno del socialismo del siglo XXI.

Para entender la magnitud del sabotaje, hay que recordar detalladamente lo que la miopía política destruyó.

Fue creado originalmente bajo la administración de George H. W. Bush (padre) y relanzado con fuerza regulatoria por el gobierno de George W. Bush (hijo), el ATPDEA, Andean Trade Promotion and Drug Eradication Act (Ley de Promoción Comercial Andina y Erradicación de la Droga), fue el programa de asistencia comercial más amplio y efectivo que Estados Unidos haya extendido a la región andina.

No era limosna, era un trato inteligente: arancel cero, es decir, el ingreso libre de impuestos para un universo arancelario que superaba los 6,000 productos no tradicionales.

Las cifras de ese entonces demuestran el motor económico que Morales decidió aniquilar.

¡Veamos en detalle el asunto!

Hacia 2004 y 2005, el sector manufacturero y textil boliviano vivía su época dorada: solo la industria de confecciones enviaba más de 2,100 toneladas de ropa al año a los almacenes estadounidenses, facturando cerca de 40 millones de dólares anuales en exportaciones netas con alto valor agregado. Compañías emblemáticas como Ametex sostenían por sí solas más de 4,000 empleos directos y tecnificados. En total, el ATPDEA inyectaba estabilidad y dinamismo a miles de pequeños talleres de El Alto y medianas industrias del eje central que exportaban prendas de algodón, calzado, marroquinería fina, manufacturas de madera y productos agrícolas especializados directamente al mercado con mayor poder adquisitivo del planeta.

El ATPDEA fue, durante años, el verdadero sostén de una economía diversificada que generaba empleo real, digno y sostenible, sin necesidad de depender de los bonos estatales ni del clientelismo político.

El impacto social de clausurar este mercado provocó una verdadera catástrofe laboral en el eje La Paz-El Alto y Cochabamba, principalmente. Estudios e informes gremiales estimaron la pérdida de más de 50,000 empleos, entre puestos directos e indirectos, desmantelando de golpe la economía familiar de miles de artesanos.

En las populosas zonas de El Alto, cientos de micro y pequeños talleres dedicados a la confección de pantalones y el calzado de cuero artesanal tuvieron que rematar sus máquinas de coser industriales a precio de gallina muerta.

La Paz vio desaparecer de la noche a la mañana el flujo de capitales que sostenía a operarios, textileros, cortadores y transportistas. Toda esa mano de obra calificada, orgullo de la manufactura andina, fue empujada brutalmente hacia el subempleo, el comercio informal de contrabando o la migración forzada, todo para complacer el discurso demagógico  y “antiimperialista” del mandamás en cuestión.

Por supuesto, el relato oficialista intentó maquillar la tragedia con cuentos de hadas geopolíticos. La promesa masista de sustituir totalmente los mercados preferenciales como el estadounidense (perdido con el ATPDEA) con exportaciones masivas a China y Rusia jamás se materializó en la magnitud esperada. Si bien es cierto que las exportaciones generales a China crecieron significativamente con los años, estas se concentraron casi de forma exclusiva en el extractivismo puro y duro de la minería cruda.

Los sectores vulnerables de la manufactura y los textiles nacionales nunca encontraron acomodo ni demanda real en esos gigantes asiáticos y euroasiáticos, demostrando que los discursos de "soberanía comercial" solo servían para el papel, dejando desamparado al productor que sí transformaba la materia prima.

Paralelamente, al caudillo de Orinoca la realidad económica le estorbaba. Empecinado en su libreto antiimperialista, Morales argumentó una serie de pretextos ridículos que nada tenían que ver con las finanzas ni con el bienestar productivo.

En 2008, con esa maldad intrínseca que siempre caracterizó su gestión hacia el sector privado formal, decidió expulsar al embajador de Estados Unidos, Philip Goldberg, y acto seguido sacó a patadas a la DEA de territorio nacional.

¿El resultado? Dejó el camino completamente expedito para el descontrol del narcotráfico mientras liquidaba las condiciones legales que Washington exigía para mantener las preferencias comerciales. Para coronar el desastre, Morales se negó rotundamente a firmar un Tratado de Libre Comercio (TLC), un tren del desarrollo al que países vecinos como Colombia, Perú y eventualmente Ecuador sí se subieron sin complejos.

Ante semejante despliegue de hostilidad y flagrante incumplimiento de los convenios de seguridad, el gobierno de George W. Bush tomó la decisión lógica: cancelar definitivamente los beneficios del ATPDEA para Bolivia. Las consecuencias fueron inmediatas y devastadoras: mercados perdidos de la noche a la mañana, maquinaria rematada y miles de obreros textiles arrojados al desempleo o a la informalidad.

Hoy, afortunadamente, el mapa político de Sudamérica ha dado un giro rotundo hacia la racionalidad, las libertades y las economías abiertas, dejando atrás las recetas empobrecedoras del socialismo del siglo XXI. En esta nueva realidad, el presidente Rodrigo Paz, tiene la oportunidad histórica y la obligación moral de enmendar semejante infamia. Dentro de su nueva política exterior orientada al pragmatismo y al desarrollo, la administración de Paz debe retomar con urgencia la negociación de un acuerdo comercial preferencial directo con los Estados Unidos utilizando este moderno enfoque de complementariedad entre ambos países.

Obviamente pensar en reactivar algo similar al ATPDEA con EE. UU. bajo el mismo formato unilateral es imposible, ya que la política comercial estadounidense actual exige reciprocidad (TLCs tradicionales). Sin embargo, se pueden hacer esfuerzos para restablecer acuerdos comerciales de Bolivia hacia EE. UU. para que los sectores productivos, con productos no tradicionales, textiles, cueros, productos agrícolas y otros puedan ser estimulados a través de una exportación real y considerable a mercados del norte.

Ese sería un verdadero apoyo a la industria manufacturera de Bolivia, no solo créditos para la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, sino, sobre todo, para reactivar el aparato productivo pequeño, mediano y grande del país.

Este posible relanzamiento comercial, enfocado en recuperar mercados para la micro, pequeña y mediana empresa mediante aranceles preferenciales basados en la reciprocidad comercial, no solo inyectaría el oxígeno que tanto necesita el sector exportador no tradicional, sino que se convertiría en un pilar de ayuda bilateral en áreas críticas como la lucha real contra el narcotráfico y el terrorismo internacional. Una iniciativa de este calibre encajaría a la perfección y corroboraría los discursos contemporáneos de cooperación económica y política que nacen de la Casa Blanca hacia Latinoamérica.

Donald Trump y el secretario de Estado Marco Rubio, han manifestado reiteradamente la intención de consolidar relaciones sólidas, seguras y mutuamente beneficiosas con aquellos países sudamericanos que decidan abandonar la retórica hostil para abrazar el libre mercado y la seguridad jurídica.

El mercado estadounidense permanece; la gran interrogante es si Bolivia logrará sacudirse el lastre del pasado para volver a producir a gran escala.

La coalición militar, política y de seguridad multinacional “Escudo de las Américas” debe ser una vía de doble sentido. Esto implica no solo el compromiso de los países aliados a Washington en el combate al narcotráfico, el control migratorio y la seguridad fronteriza, sino también una revisión de las relaciones multilaterales por parte de la Casa Blanca. Es necesario abordar otros ángulos que beneficien a las naciones socias, fundamentalmente en los ámbitos comercial, económico y de intercambio.

Porque, al fin y al cabo, si EE. UU. pretende contrarrestar la influencia y las inversiones de China en Latinoamérica, la administración de Trump debe ofrecer una alternativa seria, sostenible y atractiva para la región.

El autor es comunicador social