Las 7 piezas del viejo chasis populista, sin contar la coca-cocaína

Columna
Publicado el 19/07/2026

¿Qué características tiene el marlo (el Chapare) de la mazorca del maíz organizativo-populista que se desgranó con los bloqueos de mayo-junio de 2026? Más allá de la coca-cocaína, sus carteles internacionales y el infierno que traen consigo, ¿cuáles son las siete piezas sociológicas del viejo chasis chapareño, algunas de ellas clave para su desmontaje?

Para una mejor comprensión de este artículo remitirse a Las batallas de hoy, y maíz desgranado, maquinaria desmontada, en la edición del 28 de junio, en Los Tiempos.

1. El trópico de Cochabamba (provincias Chapare, Tiraque y Carrasco), tiene cinco municipios. Según el Censo de 2024: 1) Villa Tunari, 95.588 habs, 2) Puerto Villarroel, 64.345, 3) Entre Ríos, 45.520, 4) Chimoré, 27.374, y 5) Shinahota, 27.067 habs. Concentrada la población en su zona caliente, suma 259.894 habs, con gran dinámica demográfica y migratoria.

2. Su territorio de 29.000 km² cubre más del 50% del departamento de Cochabamba (55.631 km²). En ese marco, Villa Tunari es un gigante de 11.095 km² con la adición de una porción del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Sécure (Tipnis), frente a Shinahota que es pequeño.

La población de los cinco municipios está concentrada sobre la carretera Cochabamba-Santa Cruz, su densidad demográfica es baja (9 habs x km²), y está asentada en una mancha urbana lineal a lo largo de la carretera.

3. La trama organizativa es piramidal y verticalista con sus seis federaciones y un estimado de 900 sindicatos reunidos en centrales y subcentrales agrarias. La Federación del Trópico con 160 sindicatos, Yungas Chapare con 193, Centrales Unidas con 29, Carrasco con 305, Mamoré con 135 y Chimoré con 100 sindicatos que actúan como un verdadero Gobierno regional de facto que regula la tenencia de la tierra, producción de hoja de coca, justicia comunitaria, y la fiscalización de la inversión pública.

Todo esto frente a la debilidad del aparato civil del Estado (ni militar ni policial) vinculado a la garantía de la propiedad de la tierra, al tributo municipal y central, y –en general– a la clara ausencia de administración estatal civil en el Chapare.

4. La afiliación sindical es obligatoria para garantizar derechos políticos y económicos, diluyendo la frontera entre la organización social y la administración municipal (estatal). Esta estructura se complementa y tensiona con las organizaciones de transportistas, comerciantes y los consejos indígenas del Tipnis y del Consejo Indígena del Sur (Conisur), numéricamente minoritarios, pero con derechos preferentes. Los cocaleros actúan siempre como un bloque corporativo de alta cohesión y peso político determinante a nivel municipal, departamental y en el área de conexión del oriente con el occidente boliviano.

5. La autoidentificación étnica de Cochabamba muestra 46% de indígenas (el quechua es el 42,3%) y un 54% de no indígenas. En el trópico de Cochabamba, un 78% de indígenas frente a un 22% de no indígenas, lo que los convierte en un poderoso imán de articulación de otras áreas masivamente indígenas del país con todas las consecuencias de racismo y división que el populismo radical demostró.

6. El panorama religioso muestra una tensa mayoría de 55% de católicos frente a 45% de no católicos, con dinámicas de organización territorial radicalmente opuestas. Mientras la Iglesia católica se estructura formalmente a través de 5 parroquias y unas 60 capillas, el bloque no católico se atomiza de forma descentralizada en más de 180 templos evangélicos y pentecostales (como la UCE o las Asambleas de Dios).

Densa red protestante que carece de una jerarquía unificada y que le lleva a insertarse de manera directa y convivencial con la trama de los sindicatos cocaleros y su jerarquía piramidal organizada.

7. Esta inserción de las denominaciones protestantes en la matriz sindical es una integración territorial de facto basada en tres requisitos prácticos.

Primero, la asamblea sindical controla el uso del suelo y autoriza la construcción de los templos no católicos.

Segundo, existe una doble afiliación donde los fieles y pastores deben cumplir rigurosamente sus deberes sindicales para resguardar sus tierras frente a los dirigentes sindicales.

Tercero, estos grupos no católicos se adaptan a nivel micro a la autoridad y horarios del sindicato. Así, el tejido religioso no católico se despliega sin confrontación, respetando en los hechos la hegemonía corporativa del sindicato cocalero en la comunidad local y en flagrante ausencia del gobierno municipal y del Estado civil (no militar ni policial) del nivel central.

Finalmente, comprender este viejo chasis, sin contar la coca-cocaína, exige mirar cuáles de sus siete piezas son clave, como la ausencia del Estado civil y el rol de la Iglesia y de los grupos no católicos.

Pero ¿por qué ignorar otras cruciales como el control territorial de facto, la disciplina sindical autoritaria, la migración y urbanización lineal, en esta compleja transición que deberá tener el marlo chapareño que quedó después de ser desgranado su maíz en este 2026?

 

El autor es sociólogo

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