Nuestras calles fueron vendidas

En la puerta de la oficina del Alcalde se han instalado dos piquetes antagonistas cuyo común denominador es la apropiación privada de calles y avenidas, en abierto desconocimiento de la normativa constitucional. Una cuadrilla reclama la destitución de la Intendenta que dispuso la desocupación de varios puestos de venta en algunas calles de la ciudad que fueron “comprados” por enemigos políticos del Alcalde. La otra pandilla cuestiona a la matriarca opositora que ha violentado los destinos de los comerciantes callejeros que son afines a la autoridad edil. Esta escena cargada de miseria, desluce el estado de desarrollo humano que yo supuse estábamos logrando.

Lo cierto es que estos grupos están hechos para infringir las leyes y la normativa jurídica, y con mucha habilidad política se muestran muy persistentes a la hora de aprovecharse del desorden y el caos que las autoridades ediles deliberadamente omiten controlar. Aunque parezca increíble los funcionarios de la Intendencia Municipal no arremeten contra los comerciantes informales que, desde mediados del siglo pasado, han invadido las calles y las aceras. Por acuerdos políticos, y mientras dure la gestión del alcalde Leyes, no se retirarán los comerciantes de las calles y menos se tomarán acciones para retirar de las calles esos anaqueles, garitas, kioskos, estantes y demás tucuimas. Lo malo de todo es que los cochabambinos han optado por la indiferencia y la inercia, sacrificando la armonía y la felicidad en sus vidas.

Todos sabemos que las calles son de dominio público y por tanto “inalienables”, es decir que no se pueden vender a personas particulares, pero por razones políticas las autoridades del municipio han negociado con el gremio del comercio ambulante que está nutrido de parentelas sinvergüenza que se han propuesto vender en propiedad cada sitio callejero. Son ellos que han invadido nuestras calles y nos han hecho entender a empellones que existe una nueva clase social que está vinculada con actividades tan cuestionadas como son el contrabando de mercaderías, la venta de artefactos robados o desmantelados, la venta inescrupulosa de comidas y bebidas sin seguridad alimentaria, y un sinfín de actividades lucrativas bastante deshonestas y arbitrarias que se consuman en plena vía pública.

Lo peor de todo es que la mayoría de los infractores y ocupantes de las calzadas y aceras, no sólo reclaman su propiedad sobre el puesto, sino también el ejercicio de sus derechos en nombre de la pobreza, la falta de trabajo y la inexistencia de mercados, sin asumir el compromiso básico para cumplir obligaciones con la armonía y coexistencia humanas. Es gente que ni siquiera vive en la ciudad y menos pagan impuestos para el sostenimiento de los servicios básicos, de los que ellos son los principales beneficiarios.

Al Alcalde, la Intendenta y sus principales ejecutivos les corresponde mejorar el entorno urbano de la ciudad de Cochabamba, pero con una visión de futuro ya deberían poner orden en las calles y recuperarlas para los ciudadanos, pese a quien pese, además de erradicar esas conductas medievales de esos grupos sumidos en el abuso, el delito y la ignorancia intencional.

    El autor es abogado.