Fiscalía acusa formalmente a Costas de 3 delitos por compra de camionetas
LA PAZ |
La Fiscalía de Santa Cruz acusó formalmente al gobernador de ese departamento, el opositor Rubén Costas, por los delitos de malversación, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, en el caso de la compra de 40 camionetas para la Prefectura con el presupuesto que estaba destinado a seguridad ciudadana.
También fueron acusados por los mismos delitos Roly Aguilera y José Luis Parada Rivera, funcionarios de la Prefectura de Santa Cruz cuando se cometió el supuesto ilícito, el año 2007.
"La acusación está firmada por la comisión de fiscales encabezada por Osvaldo Dante Tejerina Ríos, Yván Ortiz Tristán e Iván Quintanilla Calvimontes de la Fiscalía Departamental en el marco de la investigación del caso 40 camionetas", explicó el fiscal departamental, Gomer Padilla Jaro, según un boletín institucional.
También fueron acusados de incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y falsedad ideológica los ciudadanos Cecilia Limpias Torres y Fernando Soria Galvarro.
Según la acusación de la Fiscalía, se gastó dinero que estaba previsto para el plan de seguridad ciudadana en la compra de 40 camionetas para diversas unidades de la Prefectura de Santa Cruz que no tenían que ver con el plan de seguridad.
Según los antecedentes del caso, en el POA 2007 se había previsto la compra, con recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos, de dos camionetas, una vagoneta y 20 motos. Sin embargo, Rubén Costas dejó sin efecto lo programado en el 2007 y procedió con la compra de 40 camionetas doble cabina, por 6.030.320 bolivianos con la partida que estaba destinada para el Programa de Seguridad Ciudadana de la entonces Prefectura del Departamento", indica la nota del Ministerio Público.
En diversas ocasiones, Costas señaló que el juicio en su contra por la compra de camionetas es una revancha política porque el MAS perdió el referéndum de febrero, donde el presidente Evo Morales perdió la opción de postular a un cuarto mandato.
Según sostuvo, las camionetas se compraron con la supervisión de un programa de Naciones Unidas, en una licitación transparente en la que se obtuvo un ahorro del 30%.
