ATAQUES AL DEFENSOR DEL PUEBLO
Es de esperar que el Defensor del Pueblo mantenga su actitud de defensa de los derechos humanos y no ceda a presiones foráneas que, de ser aceptadas, desvirtuarían su función
Una vez más, el Defensor del Pueblo ha sido duramente atacado porque, dando cumplimiento a la obligación constitucional que tiene de poner en conocimiento de la sociedad sus impresiones sobre la actitud de las autoridades del Estado en torno al respeto de los derechos humanos, expresó su preocupación por los elevados grados de corrupción, manipulación de los movimientos sociales, debilitamiento de las instituciones en general, y desconocimiento de los derechos de las poblaciones indígenas existentes.
Obviamente, esta evaluación constituye una severa llamada de atención que, como lamentablemente sucede con demasiada frecuencia, no sólo que no es recogida por las autoridades para enmendar errores, sino que éstas –en esta oportunidad a través de la Ministra de Comunicaciones y un exministro de Gobierno-- han atacado al Defensor y, para peor, le han exigido que, “por ética”, presente su renuncia.
Se trata, sin duda, de una expresión de encono, pues lo que ha hecho el Defensor es actuar conforme a lo que le exige la Constitución Política del Estado (CPE), lo que al parecer desconocen sus agresores. La creación de la entonces Defensoría del Pueblo en la CPE de 1995 respondió a una demanda de la sociedad y se lo hizo estableciendo taxativamente su independencia de los otros órganos de poder, por lo que no recibiría instrucciones de los poderes públicos.
De esa manera, además de dotar a la ciudadanía de un instrumento de defensa frente al Estado, se fortalecía el sistema democrático, atendiendo así el anhelo largamente acariciado por la población para que se implante algún procedimiento con referencia a los atentados contra los derechos humanos que surgen de acciones cometidas por quienes ejercen funciones en el sector público. A ese propósito el papel encomendado al Defensor del Pueblo es el de lograr que ellos adecuen sus actos a la Ley y para el cumplimiento de tan difícil misión, el Defensor del Pueblo debe estar inspirado por convicciones profundas sobre el respeto pleno a los derechos humanos, actitud que debe sobreponerse a cualquier otro tipo de interés, particularmente político-ideológico. Se debe agregar, también, que son esas autoridades y funcionarios los que, a requerimiento del Defensor, deben prestar transparentes informes.
La actual CPE ha mantenido esa institución en el Capítulo titulado “Función de Defensa de la Sociedad”, en el cual señala que la función de velar por la vigencia de los derechos humanos encomendada al Defensor del Pueblo, “alcanza a la actividad administrativa de todo el sector público y a la actividad de las instituciones privadas que presten servicios públicos”.
Con esos antecedentes, son inaceptables las agresiones que el Defensor del Pueblo ha recibido. Pero, tienen la virtud de alertar a la sociedad de que persisten dentro del Gobierno y el MAS corrientes autoritarias que no vacilarán en seguir copando todo espacio estatal, incluido aquel que está hecho precisamente para ser su eficiente control en el tema del respeto y defensa de los derechos humanos.
Es de esperar que el Defensor del Pueblo mantenga su actitud de defensa de los derechos humanos y no ceda a presiones foráneas que, de ser aceptadas, desvirtuarían su función.
