El derecho a la educación

Columna
DE LA EDUCACIÓN Y SUS ALREDEDORES
Publicado el 28/11/2018

Este mes, por los días en los que un 20 de noviembre de 1989 se proclamó, releo una versión de la Convención sobre los Derechos del Niño, ilustrada con frescura por artistas de América Latina y el Caribe. La ha publicado con esmero Unicef en conmemoración de los 30 años de la Convención. Un conocido ilustrador boliviano, Miguel Burgoa, figura entre los artistas invitados. Ustedes lo van a reconocer en esos niños apiñados unos encima de otros, con sus gatos y perritos en las manos, todos, niños y niñas, incluso ingenuos pajarillos de picos puntiagudos, mirando hacia arriba, sostenidos por un haz potente de luz que ilumina ropas coloridas, rostros ingenuos y variados, ojos esperanzados, en medio de un espeso y oscuro nubarrón que los circunda. Clara alegoría de lo que significó la Convención de los Derechos del Niño como ruptura del concepto, prevaleciente en la época, de los niños desvalidos como objeto de protección de los adultos y del Estado.

La Convención reconoció a los niños como sujetos de derecho e instaló la doctrina de la protección integral por medio de políticas sociales. ¡Qué cambio tan drástico en la mirada y en el enfoque de la infancia y adolescencia! De ser objetos pasivos de la intervención del Estado a ser sujetos de derechos, ciudadanos en ejercicio de todos los derechos individuales y colectivos.

Cambio notable, también, en el rol del Estado. La Convención lo convirtió en garante de esos derechos, por medio del diseño e implementación de políticas públicas universales e inclusivas y de políticas específicas, de acuerdo con el ciclo de edad. En un claro llamado a la descentralización, los gobiernos locales y organizaciones comunitarias se consideraron como ejecutores de esas políticas. Porque los derechos se ejercen en el territorio y es allí donde su ejercicio debe ser garantizado.

El derecho, por consiguiente, es exigible; las políticas sociales y las inversiones en la infancia no son un don gracioso del Estado ni son favores de los ocasionales gobernantes. Son solamente muestra de su responsabilidad como Estado que ha suscrito y ratificado la Convención de los Derechos del Niño desde hace 30 años. El escrutinio ciudadano debe ejercerse para exigir que las políticas sociales que involucran a la infancia y a la adolescencia sean eficaces.

Desde estas columnas –la mía y la de otros especialistas– hemos estado, de una manera u otra, llamando la atención de la opinión pública sobre el derecho a la educación, para ubicarlo en el lugar de privilegio que le corresponde en función de todos los demás derechos. Es, en realidad, la puerta de entrada a todos ellos. La nueva ciudadanía no puede ejercerse sin contar con las herramientas conceptuales y prácticas que le corresponde entregar al sistema educativo público a todas y todos, niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Hemos estado insistiendo en que no basta que todos los niños estén en la escuela, en cualquier escuela, sino en una escuela de calidad en la que efectivamente aprendan conocimientos, la forma de adquirirlos y las competencias requeridas para pensar, sentir y vivir en una sociedad genuinamente democrática, plural, multicultural y, a la vez, global. Hemos insistido en que no es suficiente mostrar que se realizan importantes esfuerzos financieros y técnicos, sino que, efectivamente, producen los resultados que se esperan. El compromiso por obtener resultados de aprendizaje de calidad es público e internacional. Lo firmaron con especial énfasis ministras y ministros de educación de más de un centenar de países al adoptar la Agenda Educativa 2030.

Justamente hoy, cuando usted, amable lector recorre esta columna, se realiza el primer conversatorio regional “En la ruta de la igualdad: 30 años de la Convención sobre los Derechos del Niño”. Lo organizan la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y Unicef. En estos próximos tres días, representantes de gobiernos, instituciones internacionales, sector privado, academia y sociedad civil revisarán los avances y desafíos para la región en materia de derechos de la niñez y la adolescencia, con miras al cumplimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

Nos place sumarnos a ese conversatorio y a esta celebración, estimulados porque la edición conmemorativa de estos 30 años de la Convención, cuentan con el trazo iluminador de un artista boliviano.

 

El autor es doctor en ciencias de la Educación
jorge.riverap@tigomail.cr

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