Tellería dice que Leyes sigue siendo Alcalde y no se nombrará a un interino
El presidente del Concejo Municipal de Cochabamba, Iván Tellería, dijo hoy que ante la inexistencia de una notificación que suspenda a José María Leyes como alcalde de la ciudad, no se nombrará una autoridad edil interina.
“Cochabamba tiene un alcalde y se llama José María Leyes, ni a la Alcaldía ni al Concejo Municipal ha llegado una notificación oficial que suspenda o inhabilite al alcalde, por lo tanto no corresponde la designación de un interino”, afirmó.
Tellería calificó el fallo del juez como “injusto y parcializado”. “Esto es una muestra de persecución judicial, hay un golpe municipal. La decisión es abusiva e ilegal, el alcalde fue elegido por un voto ciudadano”, agregó.
El sábado en la noche, el juez cautelar de la Estación Policial Integral (EPI) Norte, Luis Fernando Pérez, determinó la detención domiciliaria para el alcalde José María Leyes en el caso de la compra irregular de las mochilas escolares.
Los seis concejales Demócratas aseguraron que apelarán la determinación del juez ya que habrían “vulneraciones a los derechos políticos y ciudadanos” de Leyes.
Por su parte, el concejal Edwin Jiménez indicó que los Demócratas son quienes tienen el mando de la directiva. Por lo tanto, son quienes deben asumir las acciones que correspondan. "Yo me deslindo de toda responsabilidad que esto pueda generar", manifestó.
Asimismo, la concejal Rocío Molina indicó que la norma es clara y "ante la ausencia del Alcalde tres días se debe elegir un suplente. Los Demócratas deben garantizar la estabilidad del municipio".
El viceministro de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Diego Jiménez, dijo ayer que en las próximas horas apelaran la decisión del juez cautelar que dictó detención domiciliaria para la autoridad edil.
Los delitos por lo que Leyes fue imputado son: uso indebido de influencias, negociaciones incompatibles con la función pública, incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y contrataos lesivos al Estado.
El juez, en la audiencia de medidas cautelares, determinó, además de la detención domiciliaria con custodio policial, una fianza de 200.000 bolivianos, prohibición de contacto con funcionarios ediles y arraigo.
