Defensorías y médicos, en la mira por vulnerar norma de aborto legal
La labor que realizan algunos médicos y funcionarios de las defensorías de la niñez y adolescencia de los municipios en casos de menores embarazadas producto de una violación es cuestionada por instituciones que trabajan con el tema. El desconocimiento de la Sentencia Constitucional 206/2014, que se refiere a la Intervención Legal del Embarazo (ILE) y sus reglamentos, promueve la vulneración de derechos de las víctimas.
Esta semana se presentaron dos casos de vulneración “grave” de derechos contra niñas de 12 años, una en Tiquipaya (Cochabamba) y otra en Monteagudo (Chuquisaca), que ameritaron la denuncia penal de la Defensoría del Pueblo contra los funcionarios municipales e instituciones de salud por incumplimiento de deberes y desobediencia a la Sentencia Constitucional.
En Cochabamba, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia (DNA) de Tiquipaya no asesoró oportunamente a la menor y a sus familiares sobre los procedimientos que debe seguir en caso de embarazo por violación. Al mismo tiempo, el médico del centro de Chapisirca que atendió a la niña que contaba con 22 semanas de gestación, además de negarse a realizar la ILE, convenció a la víctima y a sus padres de no insistir con la intervención, pero además a que la niña se haga cargo del bebé.
En Monteagudo, los funcionarios de la DNA fueron denunciados porque no reportaron ante las instancias competentes el caso de violación contra una niña que quedó embarazada y esto derivó a que la menor diera a luz.
“Al permitir la continuidad del embarazo, se puso en peligro la salud e integridad física de la niña de 12 años, sometiéndola a un sufrimiento físico y moral de forma injustificada en inobservancia de la sentencia anteriormente citada; puesto que la víctima, por su condición niña, no se encontraba preparada para asumir el rol de madre, por consecuencia de una violación, incidiendo en tal sentido en el desarrollo integral de la misma, dejando de lado todo proyecto de vida que la misma asumiría a momento de ser mayor de edad”, manifestó al respecto la defensora Nadia Cruz.
Desde junio, la Defensoría del Pueblo visita diferentes municipios con el objetivo de socializar la Sentencia Constitucional 1206/2014 sobre la ILE. Producto de estas visitas es que también se conoció el caso de Tiquipaya.
“Estamos encontrando equivocaciones en el manejo irresponsable de los embarazos en adolescentes y niñas. Hay una cifra negra y oscura. Las DNAs prefieren no enfrentarse con el médico y dejan que el embarazo de la víctima continúe”, señaló el representante de la Defensoría de Cochabamba, Nelson Cox.
Objeción de conciencia
Respecto a la objeción de conciencia, Cox señaló que no puede primar el derecho de un médico sobre el derecho de una víctima de violación, más si se trata de niñas.
Los datos publicados por la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) señalan que, en el primer semestre de 2019, esta unidad policial atendió 488 casos de violación a niños, niñas y adolescentes, además de 464 casos de estupro.
“Tenemos que preguntarnos ¿qué haríamos si se tratara de nuestra hija? Existe una complicidad social, donde una niña que fue agredida sexualmente además es obligada a dar parir. No podemos obligar a una niña a criar a un bebé fruto de una violación”, señaló Melisa Ibarra, activista en pro de la defensa de niñas y mujeres víctimas de violación.
Ibarra lamentó que no exista prevención para frenar la violencia sexual. Asegura que es fundamental que el Estado brinde elementos para detectar a los pedófilos, pederastas y violadores.
“Es necesario hablar con los niños y adolescentes sobre sexualidad para evitar que adolescentes violen a las niñas”, señaló.
SEPA MÁS
Dos interrupciones en Cochabamba
En Cochabamba se atendieron dos casos de aborto legal a niñas de 11 años con siete semanas de gestación y otra menor de 13 años con mas de seis semanas.
En Potosí se registró el primer caso
En Potosí, una adolescente de 15 años, que quedó encinta producto de una violación, fue sometida a la interrupción legal de su embarazo gracias a la intervención de la Defensoría del Pueblo.
En Sucre una familia pidió la ILE para su hija
Una niña de 10 años, que resultó embarazada producto de una violación, decidió interrumpir la gestación debido a que la menor sufrirá graves consecuencias psicológicas y físicas si sucede lo contrario. Esto ocurrió en mayo de la presente gestión.
488 víctimas de violación
En el primer semestre de 2019 en el país se registraron 488 casos de violación a niños, niñas y adolescentes-
2018: se registraron 223 interrupciones legales
Los datos del Sistema Nacional de Información de Salud- Vigilancia Epidemiológica (Snis-VE), dependiente del Ministerio de Salud, muestran que en la gestión 2018 en el país se registraron 2.921 controles prenatales nuevos, controles realizados a adolescentes menores de 15 años de edad.
Del total de casos registrados, sólo el 7 por ciento de las menores fueron sometidas a la interrupción legal del embarazo.
“170 adolescentes de 14 años, 27 menores de 13 años, 24 niñas de 12 años, una niña de 11 años y una de 10 años de edad” fueron sometidas a este procedimiento.
Los departamentos con más casos, en la pasada gestión: Santa Cruz (1.282), Beni (443), Cochabamba (421), La Paz (296), Potosí (116), Tarija (114), Pando (107), Oruro (73) y Chuquisaca (69).
Los datos fueron socializados por la Defensoría del Pueblo. Su representante, Nadia Cruz, explicó que no se puede precisar si todos los embarazos son producto de una violación.
El delegado de la Defensoría del Pueblo en Cochabamba, Nelson Cox, mencionó que es tarea de los directores de hospitales identificar y reportar de manera inmediata a las víctimas de violación.
“Un médico debe saber mensualmente cuántos niños con signos de violencia llegan a sus hospitales”, señaló.
DECLARACIONES
No puede primar el derecho de un médico sobre el derecho de una víctima de violación. Con mayor razón cuando se trata de niñas que resultaron embarazadas por una violación.
Nelson Cox
Delegado de la Defensoría del Pueblo en Cochabamba
En el primer semestre de 2019, en todo el país, la Felcv tiene registrados 488 casos de violación a niños, niñas y adolescentes.
Miguel Mercado
Director nacional de la Felcv
