Tras diez años, el conflicto por las tierras de Albarrancho no tiene fin
Tras una década, el conflicto por los predios de Albarrancho no tiene fin, pero además amenaza la vocación productiva de la zona, donde el 98 por ciento de la población se dedica al agro y la lechería, según la dirigente de la subcentral, Julia Orellana.
El problema se centra en la definición de la propiedad de 315 hectáreas entre el grupo Olmedo y 500 familias que reclaman las tierras como “terrenos colectivos” y que desde hace 10 años intentan frenar el avasallamiento de tierras.
Olmedo reafirmó su derecho propietario con la sentencia constitucional 36/2019 del Juzgado de Ivirgarzama, que declara dueño al grupo y posesionarios a tres organizaciones del trópico.
En tanto, el director departamental del INRA, Armando Mita, dijo que iniciaron acciones legales contra seis personas que vulneraron las medidas precautorias y que aguarda completar su equipo de trabajo para ingresar a la zona y definir el derecho propietario, debido a que las 315 hectáreas fueron declaradas tierras fiscales en 2013.
Zona agraria
Orellana aseveró que el tráfico de tierras aumentó el trajín de personas y vehículos por la vía principal causando estrés en el ganado.
“La producción de leche ha bajado por el estrés que está experimentando nuestro ganado. Las detonaciones de dinamita asustan a los niños y mascotas”, afirmó.
Orellana dijo que otro problema que generan los “loteamientos” es el aumento de la inseguridad y cuestionó que ninguna autoridad haga cumplir las medidas precautorias dispuestas por Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) en 2019.
Ante la falta de respuesta, la comunidad determinó reconstituir el ayllu Marca Sipe Sipe de la Nación Sura, que se habría conformado antes de la fundación de Bolivia.
La dirigente señaló que está decisión surgió porque a la fecha las estrategias para impedir la venta de tierras fueron rebasadas.
Entre las actividades que los comunarios realizan para que se cumplan las disposiciones del INRA destacan la instalación de trancas y el tendido de pasacalles en los que se lee: “Las tierras colectivas de Albarrancho están con medidas precautorias y la construcciones ilegales serán demolidas”.
“También hemos sacado comunicados por parlantes y pegado notas en los servicios de trufis. Hemos empapelado con pancartas la comunidad, pero la gente continúa llegando preguntando por los lotes”, lamentó.
Otro representante, Pascual Orellana, reiteró que se oponen a la propuesta de que se construya una nueva terminal, porque sólo aumentará la proliferación de construcciones fuera de norma y pondrá en riesgo la vocación productiva.
Por su parte, el abogado de los comunarios, Walter Medrano, detalló que el lío por los predios inició en 1990 y se identificó presuntas irregularidades en documentos de la compra.
Sostuvo que se notificó a la Policía con la reconstitución del ayllu para evitar excesos en su intervención.
Viviendas ya cuentan con energía eléctrica
Varias casas edificadas en los predios en conflicto ya cuentan con energía eléctrica.
Hay cuatro alternativas para ingresar al lugar
Maica, Esquilán y Cotapachi son algunas de las alternativas que utilizan las personas que construyen en los terrenos en conflicto.
El director del INRA, Armando Mita, dijo que iniciaron acciones penales contra seis personas por construir en Albarrancho, en la zona sur.
