Crisis en Comteco se agudiza por pleitos y sugieren solucionarla con elecciones
La Cooperativa de Telecomunicaciones Cochabamba (Comteco) nuevamente fue ayer escenario de gritos, empujones y amagues de enfrentamientos entre los trabajadores y un grupo de personas que acompañaban a Carola Torrico, directora provisoria de la empresa.
Ante la crisis, los trabajadores y los miembros del Consejo de Administración plantearon convocar a elecciones de consejeros y delegados distritales.
El conflicto se desató porque Torrico intentó ingresar a oficinas del edificio de la cooperativa a las 9:30, pero los trabajadores le impidieron el paso.
“Mi persona es la única (autoridad) reconocida legalmente en representación de los dueños de la cooperativa que son los socios y no los trabajadores”, señaló.
Además, acusó a los trabajadores que se opusieron a su ingreso de ser cómplices de los presuntos hechos de corrupción que se habrían cometido en Comteco hace 20 años.
“Está demostrado que los (trabajadores) son parte de la corrupción, hace un año, los mismos trabajadores estaban en contra de los consejeros Gamal Serhan, Jorge Buitrago, Antonio Torrico y Liz Escobar, y ahora los protegen”, añadió.
Un contingente policial se trasladó hasta puertas de la cooperativa para evitar daños a la infraestructura y agresiones físicas entre los presentes.
Por su parte, la presidenta del Consejo de Administración, Liz Escobar, señaló que Torrico se deshizo con procesos de todos los consejeros con la intención de manejar la cooperativa sola.
“La señora Torrico convocó a una asamblea de delegados, supuestamente para suspendernos al consejero (Antonio) Torrico y a mi persona por supuestas faltas, lo que pasa es que se nos convocaba en horarios no adecuados. Pero en esa asamblea sale una resolución en el que los delegados, sin tener competencia, nos suspenden”, dijo.
Asimismo, Escobar explicó que en esa asamblea Torrico se hizo nombrar directora provisoria.
“Ese cargo es inexistente, no está, ni en la ley, ni en la norma, ni en los estatutos”, acotó.
La presidenta del Consejo de Administración ratificó la denuncia de un presunto manejo irregular de más de 20 millones de bolivianos.
