Fiscalía admite denuncia contra la Intendenta y ésta anuncia procesos
El fiscal de Distrito, Ever Veizaga, informó que la denuncia presentada por tres exguardias municipales en contra de la intendenta Luz Rojas y dos funcionarios por los presuntos delitos de proxenetismo, extorsión, cohecho, coacción, beneficios en razón del cargo, amenazas, uso indebido de bienes del Estado, uso indebido de influencias y violación fue admitida por el Ministerio Público.
La denuncia por delitos sexuales fue derivada a la Fiscalía Especializada en Atención a Víctimas de Atención Prioritaria (Fevap). Pero se analiza si los hechos de corrupción se asignarán a una comisión u otro fiscal.
Las exfuncionarias denunciaron que el 19 de marzo, Día del Padre, ocho guardias fueron enviadas a un domicilio en la avenida Blanco Galindo por instrucciones de Rojas.
Las funcionarias aseguran en sus declaraciones a su abogado que fueron trasladadas en un vehículo de la Intendencia hasta el domicilio. En el lugar Rojas les pidió que hagan “alegrar” a los jefes, las obligó a bailar con ellos y fueron amenazadas con ser despedidas si se negaban.
Veizaga informó que la Fiscalía llamará a las víctimas a declarar. “Se puede dictar sentencia en base a los testimonios, pericias psicológicas, la coherencia de los relatos, tiempos, lugares. Sabemos que en un acto de agresiones sexual no se graban videos, esto va depender de la veracidad de los testimonios”, dijo.
La concejal Celima Torrico realizó una representación ante la Defensoría del Pueblo para que haga un seguimiento del caso, también solicitó al Ejecutivo un informe de lo sucedido.
Por otro lado, el secretario de Desarrollo Humano y exrepresentante del Defensor del Pueblo, Andrés Cuevas, reconoció que habló con las exguardias antes de la denuncia. Dijo que las jóvenes le comentaron de abusos de poder, pero no lo sucedido el 19 de marzo. “Yo les dije que esas denuncias correspondían a la secretaria de Gobernabilidad”.
El secretario general, Ricardo Pol, dijo en declaraciones a los medios que la denuncia tiene una intencionalidad política y es promovida por personas que se han visto afectados sus intereses por el control de la Intendencia.
La Intendenta dijo que se trata de un nuevo intento de difamarla y anunció que iniciará procesos.
