Cada ministro con su vigilante

Hace pocos días, el vicepresidente del Estado, Álvaro García Linera, informó a la población que el presidente Evo Morales nombrará de manera directa a autoridades denominadas ‘jefes de transparencia’ en cada uno de los ministerios; pero estas nuevas autoridades no dependerán del ministro del ramo sino del propio presidente del Estado, debido a que consideran que una relación de dependencia con el ministro puede provocar, dijo textualmente, que “cuando llegue a surgir algún tipo de acto ilegal, se quede callado” o bien “vaya a modificar sus informes”.

Pero además el vicepresidente expresó, que estas autoridades de transparencia informarán directamente al Presidente de los movimientos de la autoridad, para que él pueda tomar la decisión de remitir al Ministerio Público o tomar las acciones correspondientes. Una suerte de control cruzado, dice, que sirve “para tener mejores mecanismos de vigilancia sobre las acciones que se tomen en los ministerios por parte de la autoridad ejecutiva y de los funcionarios” y continúa “se asemeja a una cámara vigilante que nos va avisar absolutamente todo lo que está sucediendo de irregular”. 

Estas decisiones muestran por una parte, la enorme desconfianza instalada en el palacio de gobierno, y de manera muy llamativa, precisamente en las autoridades cercanas al Presidente como son los ministros de Estado. Es cierto que los casos de corrupción en el Gobierno se han multiplicado, y que es preciso tomar medidas con el fin de mejorar el desempeño de las autoridades públicas; pero, como en todo, hay maneras y maneras de encarar el problema. La opción asumida por el actual Gobierno es absolutamente policial, con estrategias como la vigilancia y el control, partiendo de la presunción de la culpabilidad del otro.

La virtud del lenguaje es que consciente o inconscientemente revela aspectos de la realidad. Y este discurso es la expresión de un agudo adelgazamiento del poder y la pérdida de credibilidad interna, al punto de tener que ‘vigilar’ los movimientos de las autoridades jerárquicas en su propia casa. Es el Gran Hermano en acción, una situación política distópica ante la cual, el propio Orwell quedaría francamente asombrado.

El otro tema, tan o más complejo aún, es que esta decisión está demostrando una  excesiva centralización y concentración del poder, en un grupo  cada vez más reducido alrededor del Presidente en el que, seguramente, se puede confiar, porque los jefes de transparencia informarían directamente a este núcleo sobre los movimientos de las autoridades.

Ambas señales no son buenas ni para la democracia, ni para la estabilidad del actual Gobierno. Probablemente la intención del vicepresidente fue mostrar la decisión de ordenar la casa, de mejorar la eficiencia, de buscar mecanismos que garanticen la transparencia en la gestión; urgencia alentada por mejorar la imagen para pulsar por la continuidad en el Gobierno a través de la reelección; pero lo que en realidad se está logrando es sembrar dudas sobre quienes nos gobiernan, administran nuestros recursos y conducen los destinos del país.

La autora es socióloga.