La pesadilla de los trámites

Realizar trámites en cualquier oficina pública se ha ido convirtiendo, para mucha gente, en una pesadilla que enfrenta con resignada furia. Curiosamente, la introducción de computadoras y sistemas informáticos, en vez de resolver y facilitar los trámites, los ha hecho más difíciles. Ya no se puede argumentar con el funcionario ni con su superior. La única razón es la que está “en el sistema”. Si uno tiene todos los requisitos de acuerdo a lo programado en el sistema, las cosas funcionan de maravillas.

Pero estamos en Bolivia, y nadie tiene todo de acuerdo a lo programado. Acá le falta un número o no se nota si es 9 o 4. Allá la letra ese fue cambiada a zeta. Este registro parece que está duplicado. El certificado tiene que haber sido expedido en los últimos tres meses. La fecha de nacimiento del tío del marido no está bien. Falta el certificado que certifica que no existe ese certificado. Y así... un trámite sencillo puede enredarse hasta el infinito.

Muchas veces escuché decir que el SEGIP es la oficina más eficiente, porque cuando todo ya está en orden, te entregan el carnet o el brevet en unos minutos. Y es verdad. Cuando todo ya está en orden, la impresión y el plastificado son inmediatos y no hace falta volver mañana. Pero para llegar a ese “todo está en orden” uno tiene que correr de un lado para otro y ponerlo todo de acuerdo a lo programado.

La ley que crea el SEGIP data de junio del 2011 y es bastante sencilla. Las complicaciones llegan en sus reglamentos y en los manuales de procedimiento, que son la base de su sistema informático, es decir, de aquello que todos tendrán que obedecer.

La ley apunta a que la identidad de cada persona sea registrada y documentada de tal manera que permita individualizarla del resto de los estantes y habitantes de Bolivia (art 17 de la Ley 145).

Pero eso, que es tan sencillo pues basta asociar un nombre a un registro biométrico (huella o foto), se complica con muchísimos detalles que van convirtiendo la Cédula de Identidad en un conglomerado de datos cuya obtención y verificación no siempre es sencilla.

Según el Reglamento del SEGIP, deben registrarse los datos biométricos (dactilar y facial) y también: nombre, apellidos, lugar y fecha de nacimiento, datos del registro de nacimiento (libro, acta, oficialía), datos de los padres, género, datos del matrimonio, de la defunción del cónyuge, datos de profesión (con título en provisión nacional), a lo que puede añadirse como información declarativa: ocupación, identidad cultural, domicilio, teléfono, nombre de un familiar, y para los varones adultos, los datos del servicio militar (libreta, registro y año de emisión). No es poco. Obviamente, cada dato debe ser documentalmente respaldado, y si bien algunos pueden omitirse pues son opcionales, hay otros que exigen volver a las entidades emisoras y allá resolver los problemas que emerjan del trámite,

De esta manera, una cédula que debía demostrar solo la identidad de una persona, ha sido convertida en una certificación de estado civil, de domicilio y de profesión, entre otras cosas.

Se de una persona mayor de 80 años a la que se le exige demostrar que es viuda, no para acceder a beneficio alguno del esposo, muerto hace más de 30 años, sino simplemente para demostrar que su estado civil es el de viudez. Y claro, para eso debe escarbar el certificado de bautizo del difunto (cuando nació no había registro civil), el certificado original de matrimonio y el de defunción (porque éste no basta por sí solo para demostrar que el difunto alguna vez vivió).  

Todo esto es, sin duda, excesivo. Porque además, ninguna institución se guía por los registros que tiene la cédula de identidad. Ningún hospital contrata a una persona que pretenda demostrar que es médico con solo mostrar su carnet. O se le confía un puente a alguien que se limite a mostrar la palabra ingeniero en su carnet. O le basta al banco leer la dirección domiciliaria en un carnet. En el mejor de los casos, estos datos son accesorios, secundarios, y no afectan a la identidad individual. Es innecesario que el SEGIP ponga tanto esmero en registrarlos cuando, en la práctica, nadie los toma seriamente en cuenta.

Bastaría que sean de registro opcional para simplificar los trámites y facilitarle la vida a la gente.

Ni siquiera la ley establece obligatoriedad alguna a las instituciones o personas de aceptar como cierto lo que contiene el carnet, por lo cual muchas veces llegamos al absurdo de tener que mostrar el carnet y un certificado de nacimiento original y recientemente tramitado para que, en otra oficina pública, acepten que somos quienes decimos ser.

El problema está en que cada reglamento añade detalles y complica los procesos de manera que, cuando pasan a un programa de computación, se elimina la posibilidad de que un razonamiento humano comprenda que, en el resto de las oficinas y en los años y décadas anteriores, había humanos fallando en pequeñas y absurdas cosas que hoy, con algo de pragmatismo y sin inteligencia artificial, podrían resolverse. Al final, se trata de “servicio al público”.

El autor es investigador del Ceres