Condena a un exministro
El ex ministro de Desarrollo Rural, Edwin Characayo, ha sido sentenciado a ocho años de cárcel, en el penal de Palmasola, por el delito de cohecho pasivo propio o corrupción. Se trata, sin duda alguna, de una condena ejemplarizadora y es también una llamada de atención a quienes tienen la responsabilidad de administrar recursos públicos.
El caso Characayo sacudió al oficialismo en los inicios de su gestión. Está vinculado con un soborno de 20 mil dólares que fue descubierto in fraganti el 13 de abril de 2021, cuando este funcionario recibía dicho monto como un anticipo de una coima de 380 mil dólares, para que no revirtiera, como autoridad, la propiedad El Triunfo II, en Santa Cruz. Además del exministro, fue sentenciado el ex director de Desarrollo Rural, Hiper García Quecaña, quien fue declarado autor del delito de uso indebido de influencias y fue sentenciado a ocho años de cárcel en el penal de San Pedro de La Paz. Según el fallo, ambos condenados deben reparar los daños y perjuicios a la víctima, además de resarcir las costas legales.
Si se considera que frecuentemente se conocen hechos de corrupción y que además cobran notoriedad gracias al trabajo del periodismo independiente, pero que lamentablemente se diluyen, sin que las autoridades tomen cartas en el asunto, las sentencias condenatorias a Characayo y García, además de oportunas, son como la excepción que confirma la regla en el masismo. Suele suceder que si el denunciado de corrupción está vinculado al partido en función de gobierno, la justicia funcional al poder archiva el caso o lo procesa con una retardación tal que equivale a la impunidad para los imputados.
Citamos el caso de la compra de ambulancias en el que el principal denunciado es el Gobernador de Potosí, quien, pese a las irregularidades de tal adquisición, aún no ha sido investigado ni procesado; por el contrario, goza de impunidad porque pertenece a las filas del oficialismo. Lo mismo se puede decir, por ejemplo, de la denuncia de sobreprecio de la primera planta de biodiésel; una similar, en Paraguay, cuesta 15 millones de dólares, pero en el país se pagará por ella 40 millones de dólares, debido, según las explicaciones oficiales, a la compra de la tecnología para producir ese combustible ecológico; la instalación de otras dos procesadoras de diésel, ¿tiene también sobreprecios? ¿Quiénes están involucrados en esta millonaria operación? ¿Hay o no ese costo excesivo?
Si el Ministerio Público cumpliese a cabalidad su rol, que es perseguir el delito, todas las interrogantes con respecto a posibles actos de corrupción estarían despejadas; pero lamentablemente la Fiscalía actúa como un brazo operativo del poder y aplica mano dura y persecución contra los opositores y los que piensan diferente, mientras que es servil y obsecuente con el Gobierno y los militantes masistas.
En este ambiente en que la justicia es un bien escaso, la sentencia contra Characayo y García es una buena noticia, pero no es suficiente.
