Fraude, eso fue

En las elecciones del 20/10/2019 la participación del binomio Morale-García Linera en contra de la CPE y del referéndum del 21F que dijo “NO” a la reelección indefinida, fue signo de ilegalidad, junto con el monopolio oficialista de los medios de comunicación social, la guerra sucia contra Carlos Mesa, candidato de Comunidad Ciudadana (CC) con chance de ganar, su persecución judicial como arma política represiva, y el uso de funcionarios y patrimonio públicos en la campaña masista.

Eran 13 años, 8 meses y 27 días de gobierno ininterrumpido de Morales y García, dato relevante considerando que la democracia implica alternancia: la ciudadanía pone en el gobierno a unas personas mediante elecciones independientes, igualitarias, libres y transparentes, para mandarlas a su casa en las siguientes evitando que el poder se apodere de ellas.

Había indignación por los abusos del MAS desde 2006, y por la infructuosa lucha en defensa del NO del referéndum. Había esperanza de que CC gane. A las 16:00 comenzó el escrutinio y al 83% la tendencia a la segunda vuelta era irreversible, pero, a las 20:15 aproximadamente, según ANF en 30/10/2019, “La presidenta del Tribunal Supremo Electoral, María Eugenia Choque, junto a los vocales ordenó mediante una llamada telefónica la suspensión del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), además cortaron las dos líneas de Internet”. El TREP fue reiniciado 23 horas más tarde, mostrando un viraje inexplicable de la tendencia de voto. Señal del fraude que abrió las compuertas a la protesta ciudadana más grande, unitaria y pacífica de la historia democrática boliviana, en medio de agresiones de grupos de choque alentados desde el Gobierno y protegidos por la Policía, produciéndose las primeras muertes en Montero, Cochabamba y La Paz. 

El 22/10/2019, el Gobierno pidió a la OEA realice “una auditoría al cómputo oficial de votos del proceso electoral en curso” por nota de la Cancillería GM-Cs-386/2019. El informe definitivo resultante, disponible en la red Internet, identificó 12 acciones dolosas para manipular el resultado de la elección y 13 irregularidades graves a más de errores. 

Publicado el informe el 10/11/2019, Morales dijo que “resolvió “convocar a nuevas elecciones”, renovar a la totalidad de los miembros del Órgano Electoral Plurinacional (…)”, según ANF en esa fecha. Prueba de su naturaleza autocrática, pues el presidente del Estado no tiene atribuciones en esos casos. La tensión social aumentó y sobrevino la renuncia del tirano a la presidencia, seguida por la de sus subordinados en funciones jerárquicas ejecutivas y, lo más importante, legislativas. Estrategia para provocar vacío de poder y desmanes de grupos criminales como recurso para el retorno inmediato del fugado al poder. Fue cuando quemaron los PumaKatari y las casas de Waldo Albarracín y de Casimira Lema. 

Verónica Ormachea relata en ANF el 27/11/2019: “Cuando Morales dimitió hubo un punto de inflexión. El país se convirtió en un infierno. Se escondió en el Chapare, sede de los cocaleros, y derrotado, ordenó a sus huestes quemar casas, instituciones, autobuses y destrozaron lo que encontraron en su camino mientras gritaban ‘guerra civil’. Luego se asiló en México. (…) Allá violó las normas de asilo político diciéndole al mundo que le habían hecho un golpe cívico-policial, lo cual es falso. (…) Desde el exilio dorado siguió ordenando a sus partidarios cometer actos criminales con explosivos para cercar la ciudad de La Paz y privarnos de alimentos, gasolina y gas. Los había, pero bloquearon las calles y evitaron que lleguen a la ciudad. Sin embargo, resistimos”. 

Los estrategas del desastre no contaban con la sucesión constitucional -previsión infaltable para evitar ausencia de mando en todo Estado de verdad- vía de la ascensión transitoria de Jeanine Áñez a la presidencia, como segunda vicepresidenta de la Cámara Alta, reponiéndose la tranquilidad en diálogo con los sectores sociales de afinidad masista. En ese camino la Iglesia católica, la ONU y la Unión Europea fueron facilitadores y, por tanto, testigos. Áñez gobernó estando en pleno funcionamiento la estructura institucional del Estado, incluyendo el órgano legislativo mayoritariamente masista, presidido por Eva Copa, militante del MAS. Las leyes sancionadas en aquel tiempo, promulgadas por Áñez, hacen plena prueba de ello; entre ellas, es muy importante la Nº 1266 que anula las elecciones fraudulentas, cesa a los vocales del Tribunal Supremo Electoral y da 20 días para que el Legislativo nombre nuevos. Nadie depuso a nadie. El “golpe de Estado” es una invención de los masistas para satisfacer sus fines inconfesables. Para completar el cuento surreal, quien denuncia con base en esa mentira en espurios procesos fue una de las diputadas que descansó en un curul cobrando sus dietas mientras Áñez fue presidenta. 

Si hay impunidad, es la de los autores del fraude y del infierno que describe Ormachea.