UD entregará resultado del “No” a reelección a la CIDH
Con el objetivo de acelerar la admisión de la denuncia presentada en febrero, el diputado de la opositora Unidad Demócrata (UD), Wilson Santamaría, informó que este martes entregará el acta de cómputo del 21F a la Comisión Interamericana de Derecho Humanos (CIDH).
A esta acta se sumarán otros documentos complementarios a la denuncia que presentaron ante este organismo contra la reelección del presidente Evo Morales y la sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que habilita la reelección indefinida.
“Vamos a entregar el acta de cómputo (del 21F) que, junto con la Declaración de los Derechos Políticos del África, el informe presentado por la Comisión de Venecia y otra documentación que hemos obtenido, presentaremos en la vía complementaria para acelerar un poco los plazos de admisión y lograr que finalmente la Corte pueda tratar el asunto”, dijo.
El legislador opositor reiteró que entregarán la documentación la próxima semana porque, según él, es necesario que este organismo internacional se pronuncie a “la brevedad posible” sobre la intención del Movimiento Al Socialismo (MAS) de repostular a Morales, pese a que en el referendo del pasado 21 febrero de 2016 ganó el “No” a la reelección del Presidente.
“El martes vamos a acudir a la CIDH a hacer la presentación de que en términos estrictos es legal, en el que se pide acelerar la fase de admisión porque consideramos que, si no se hace hasta junio, podemos poner en riesgo el Estado de derecho”, explicó.
Primeras acciones
A mediados de febrero, legisladores de UD presentaron una demanda ante la CIDH contra la reelección del presidente Morales y la sentencia 084/2017 del TCP que habilita la reelección indefinida. Antes, cinco líderes opositores, por una parte, y exdefensores del pueblo, por otra, hicieron denuncias similares.
El opositor Santamaría recordó que en la demanda presentada se están haciendo tres solicitudes a la CIDH. La primera consiste en que brinde una interpretación del artículo 23 del Pacto de San José, que fue usado por el TCP como argumento para definir que la reelección indefinida es un derecho político.
La segunda solicitud es que se pronuncie sobre el grado de superioridad que debería tener la voluntad de la ciudadanía expresada en voto, por sobre la decisión de un tribunal.
La tercera es pedir la anulación de la sentencia del TCP que permite la reelección de autoridades.
