El MAS toma en cuenta parcialmente los informes internacionales
El Gobierno hace un manejo discrecional de los informes internacionales sobre los sucesos poselectorales de 2019, tomando parcialmente aspectos que convienen a su política, además de ignorar permanentemente los pedidos de reforma judicial y críticas a la injerencia del Ejecutivo en el Órgano Judicial, sostienen analistas.
Por ejemplo, los tres informes, que fueron encargados por los gobiernos del Movimiento Al Socialismo (MAS): auditoría a los comicios de octubre de 2019, evaluación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) e informe del relator de la ONU Diego García-Sayán, fueron utilizados y manipulados en el intento de respaldar la versión de “golpe de Estado” que maneja el oficialismo.
En la auditoría de los comicios, la Organización de Estados Americanos (OEA) estableció irregularidades en las elecciones generales de 2019.
El informe del GIEI establece responsabilidades en las presidencias de Evo Morales y Jeanine Áñez, además que no refiere el tema de golpe de Estado, que busca mostrar el MAS.
En el informe de la ONU, García-Sayán habla de la crítica situación de la justicia y al igual que el GIEI, observa la falta de debido proceso en el juicio a la expresidenta Áñez.
Afirmaciones
Sobre la auditoría de la OEA, el MAS señaló a Luis Almagro de ser parte del presunto golpe, debido al informe de irregularidades que dio a conocer, sin esperar el visto bueno de la administración de Evo Morales.
El presidente Luis Arce, al momento de recibir el informe del GIEI, sostuvo que el documento demuestra que hubo “golpe de Estado”.
En el informe del Relator, el Gobierno señala que García-Sayán estaría tergiversando los hechos.
El constitucionalista Carlos Alberto Goitia sostiene que el MAS, con estas acciones, intenta justificar “un falso golpe” y tapar el hecho real de fraude electoral.
En tanto, suman las voces para una reforma judicial en Bolivia, pero a la fecha no se ven acciones concretas para hacerla. Son sólo discursos de que se estaría implementando una serie de acciones para este fin. En varias oportunidades, el Gobierno anunció una cumbre judicial, pero hasta el momento no hay nada en concreto.
