“En reserva”, no gracias

La última noticia que hemos tenido respecto del affaire de los respiradores, es que el caso ha sido declarado “en reserva”. Si consideramos la avalancha de informaciones de todo tipo, muchas malintencionadas simplemente, muchas contaminadas con los intereses políticos de quienes genuinamente están en contra de la candidatura de la Presidenta interina, y muchos porque pretenden algo más drástico, vale decir su renuncia –y por ende un caos que permita la retoma del poder de parte de quienes lo abandonaron luego del fraude–, podríamos hasta tomar esta medida como apropiada para garantizar la estabilidad política del país. Más allá de que cualquier proceso alejado del escrutinio público ya lleva en sí mismo el pecado de la no transparencia.

Pero el problema de declarar en reserva un proceso judicial, es aún mucho peor, y puede llevar a la mayor de las injusticias, no conozco muchos casos en que se haya recurrido a esa declaración de reserva, y puedo entenderlo cuando se trata de situaciones donde hay niños involucrados en una investigación, pero conozco un caso, que es posiblemente uno de los más atroces de injusticia cometida en los últimos tiempos, que fue declarado “en reserva” y que aún me estremece.

Me refiero al caso del médico Jhiery Fernández, quien –abandonado por todos, menos por sus más cercanos– vivió una pesadilla kafkiana que aún no termina del todo. Uno de los peores aspectos de la injusticia que sufrió estuvo relacionado con la declaración “en reserva” de su caso, eso impedía a todos los implicados hacer declaraciones públicas y, de una manera, a los periodistas, investigar. De hecho, hay que recordar que el periodista J. Quisbert fue encarcelado por tratar de entrevistarse con una de las personas que estaba implicada, y luego se declaró culpable, en calidad de encubrimiento, de un crimen que jamás tuvo lugar.

Las canalladas cometidas contra Fernández tuvieron su origen en las redes de poder y de tráfico de influencias dentro de la Fiscalía y los juzgados del país, la declaración de reserva del caso liberó a los culpables de un hecho de atroz injusticia, y mantuvo en la cárcel a un inocente durante cuatro años, (estuvo los primeros meses en un calabozo medieval) y, para colmo, esa fue su salvación porque si lo dejaban en “población” posiblemente hubiera sido asesinado por la turba carcelaria.

La detención preventiva ya es un abuso extremo y viola, en realidad, más de una ley. De hecho, es anticonstitucional. Pero el declarar el caso en reserva vuelve, en primer lugar, más vulnerables a los acusados, y éstos, aunque estén acusados de lo peor, tienen derecho, valga la redundancia, a conservar sus derechos. En estos tiempos de cuarentena, de cierre de fronteras –ojo, no solo las nuestras–, de ausencia de vuelos, es ridículo sospechar la posibilidad de una fuga. Los acusados, todos, deberían tener derecho de defenderse en libertad.

Pero hay algo más, la reserva puede ayudar a manipular la información al gusto de quien mejor pueda hacerlo, sean poderosos políticos u otros, y tenemos que ser claros en que ni la Fiscalía, ni los juzgados son lugares que inspiran confianza.

No podemos cambiarlos, no ahora, esa es una más de las herencias nefastas del régimen evista, pero podemos exigir que no se implementen mecanismos que faciliten mayores injusticias.

Las implicaciones que tiene este caso son enormes, más allá de que es terrible el hecho de que se haya comprado tan caro algo que era muy barato, y que además no es ideal para atender a los enfermos críticos de Covid.19, está en juego también el poder, y eso implica intereses demasiado grandes, tan grandes que pueden ahogar cualquier genuina búsqueda de la verdad y de justicia.

Un periodismo investigativo serio, podría hacer alguna diferencia, pero este precisamente es el que queda en primera instancia, coartado en un caso declarado en reserva. La prensa, las organizaciones de derechos humanos, la Defensoría del Pueblo, deberían presionar para que esta condición sea suspendida.

El autor es operador de turismo