Van 104 feminicidios en 2020; muchos casos se tapan con dinero y poder
Clases de autodefensa, marchas y actos de protesta son algunas de las medidas que activistas y sobrevivientes de violencia adoptaron para defenderse y buscar justicia para que los agresores sean sentenciados con la pena máxima que dicta la ley.
El poder y el dinero que ostentan gran parte de los agresores y sus familias hacen que los procesos penales se alarguen durante años, buscando cansar a las víctimas o a sus familiares con el objetivo de que estos últimos finalmente desistan de la denuncia.
La mala interpretación de algunos jueces y vocales de la Ley 1173 causa preocupación a las víctimas. A esto se suma la corrupción y la manipulación de casos que benefician a los agresores.
Recientemente, Mujeres Creando realizó movilizaciones con las que pidió la revisión y mejora de la Ley 348 para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia.
Arlety Tordoya, abogada de Mujeres Creando, explica que urge cambiar algunos aspectos de la Ley 348, entre ellos que las denuncias sean atendidas por personal especializado (trabajadoras sociales) y que la Policía solamente investigue los casos de violencia y feminicidio.
“Los policías no tienen idea de la realidad de las mujeres. Constantemente las revictimizan. Son nuevamente agredidas”, explica.
En este sentido, la semana pasada, la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, informó que se iniciará un proceso participativo con organizaciones feministas y, sobre todo, con mujeres de la sociedad civil.
“Hace una semana, familiares de víctimas de feminicidio de diferentes departamentos nos concentramos en Sucre, donde expusimos los casos, la retardación que hay en la atención de cada uno de ellos. El Ministro de Justicia y los fiscales se comprometieron a acelerar los casos. Esperemos que quede más allá de una simple promesa y se pueda tener una respuesta concreta a lo que urge: dar sentencia ejecutoriada a cada agresor”, señaló, por su parte, Ángela Nogales del colectivo Mujeres de Fuego.
Las cifras publicadas por el Ministerio Público reflejan que de enero a la fecha en el país se reportaron 104 feminicidios y que los departamentos con más casos son La Paz (41), Santa Cruz (16) y Cochabamba (15).
“La impunidad, el manejo de dinero y la corrupción son los principales aspectos por los que muchas víctimas dejan los procesos, no por falta de voluntad, sino por falta de recursos”, explica Tordoya.
Las activistas coinciden en afirmar que, en el 100 por ciento de casos, los agresores intentan manipular el proceso ofreciendo dinero a fiscales y jueces. “Un feminicida puede llegar a tener hasta tres abogados particulares, mientras que las víctimas apenas tienen el apoyo de abogados del SLIM (Servicios Legales Integrales Municipales), y esto cuando hacen seguimiento al caso. Muchas veces las víctimas quedan desprotegidas”, refiere Nogales.
Según una estimación de Nogales, de todos los casos de feminicidio atendidos en un año el índice de sentencia ejecutoriada es de 1 por ciento. “El resto continúa con detención o con el paso de los meses llega a obtener su libertad”, explica Nogales.
La abogada de Mujeres Creando indica que los colectivos esperan que el actual Gobierno cumpla con la promesa de mejorar la atención a las víctimas de violencia y que los casos sean resueltos con inmediatez.
“Las mujeres somos usadas para campañas electorales. Los políticos nos usan como bandera de lucha, de una lucha que ni siquiera entienden”, señala Tordoya.
El poder que tienen las familias de algunos agresores también es un factor importante que obstaculiza el avance de los casos. Uno de los ejemplos claros de esto, es el caso conocido como “La Manada”, en el que cuatro hombres están siendo procesados por la violación grupal a una mejor en el motel Delux.
“Este caso es importante. Tres Gobiernos conocen este hecho. Sin embargo, ni uno solo pudo dar una solución real a las irregularidades que surgen durante el juicio oral que continúa en desarrollo”, explica la abogada de Mujeres Creando.
En reiteradas ocasiones, las abogadas de la víctima denunciaron varias irregularidades en el caso, debido a la injerencia política de la madre de uno de los acusados.
A esto se suma la mala interpretación que hacen jueces y abogados, lo que busca beneficiar siempre al agresor. En las últimas semanas, feminicidas con sentencia lograron salir libres amparados en la Ley 1173, hecho que preocupa a las activistas.
“Esta es una muestra del poder que tiene la mayoría de los agresores, sean violadores, feminicidas y hasta infanticidas”, refiere Tordoya.
LÍNEAS GRATUITAS PARA DENUNCIAS
La Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) cuenta con líneas gratuitas habilitadas en todo el país.
Para Cochabamba se habilitó la 800-14-0195800-14-0195; para Santa Cruz, la 800-14-0225800-14-0225, y para La Paz, la 800-10-1545800-10-1545.
En las redes sociales, la Felcv también cuenta con páginas que brindan apoyo.
“NI LA FISCALÍA PUEDE DEFENDERSE SOLA”
REDACCIóN CENTRAL
La abogada de Mujeres Creando, Arlety Tordoya, dice que, con el fin de empoderar a las víctimas de violencia y a mujeres y niñas en general, el colectivo inició una serie de cursos de autodefensa.
“Los casos no sólo se defienden en los juzgados, sino también en las calles. Es importante también aprender a defenderse para evitar ser golpeadas o ultrajadas”, dijo.
El Ministerio Público cuenta con un programa de protección a víctimas, el que no brinda la seguridad esperada por la víctima.
“Ni el Ministerio Público puede brindar garantías a sus propias víctimas. Un claro ejemplo es el de la fiscal que lleva adelante el caso de La Manada. Ella fue amenazada directamente por uno de los abogados de los acusados”, explica.
Tordoya lamenta que la fiscal asignada al caso de violación múltiple del motel Delux no haga frente a las amenazas que de manera constante hacen los abogados de los acusados.
“Estamos pidiendo su alejamiento. No está aportando en el juicio y se corre el riesgo de que los agresores salgan impunes”, dice la abogada.
