Reforma del sistema judicial: ¡segunda!

Desde hace años la sociedad civil boliviana ha estado pidiendo una reforma general de la justicia boliviana, que en realidad tendría que ser una reforma completa y abarcadora del sistema judicial, incluyendo el desempeño y la interacción con instituciones del orden, como el Ministerio Público que se constituye en la parte acusadora en los procesos judiciales e incluso de la Policía, en la manera cómo se implementan las leyes y se procede y trata a los acusados, sospechosos e imputados y de todo el sistema carcelario (de Régimen Penitenciario) y la observación y garantía de derechos para los y las infortunadas que caen o aterrizan en nuestras cárceles por cualquier motivo que sea.

Como resultado de estas demandas, este año hemos visto la construcción e implementación de la discutida Cumbre de Justicia, que entre otras cosas nos presenta ahora una reforma del Código Penal en la Ley del Sistema Penal Boliviano o con esa ley, no me queda claro.

Admitamos que esto no es una tarea fácil, aunque es urgente. Independientemente de las críticas válidas y dudosas a cómo se ha desarrollado esta cumbre y los resultados que de ella surgen y van a surgir, el espacio de participación que se abrió en esta cumbre para la sociedad civil ha tenido en realidad muchos empujones y poco de verdaderamente participativo.

Ahora, en un artículo de Los Tiempos este domingo leo que se ha abierto una nueva discusión sobre si la Asamblea Legislativa Plurinacional ya tiene en su poder un proyecto de ley para la reforma del sistema penal y si ya lo está discutiendo. El Presidente de la Cámara de Senadores dice que no y también dice que “alguien” se ha tomado el trabajo de generar cientos de páginas de un documento falso como “experimento” para ver “cómo van a reaccionar” (cito el artículo del domingo 10 de julio de 2016 en Los Tiempos).

Me pregunto ¿cuál sería el propósito de hacer un experimento de este tipo? ¿Por qué tendría que haber un “experimento” en relación con una propuesta de ley? ¿Y este experimento estaría probando la reacción de quién o quiénes? Todo esto carece de sentido. Lo normal sería que la comisión apropiada genere una propuesta de ley que se presente a la ALP para su discusión, modificación y luego para su aprobación. Desde luego, en el proceso de discusión y análisis de la propuesta deberían haber también espacios de participación para que la sociedad civil pueda emitir opiniones y propuestas para la reforma y para que nos enteremos de hacia dónde se la está dirigiendo.

El proceso participativo no concluye en la etapa de propuestas o no debería concluir ahí. Como sociedad civil, no se nos “conceden” espacios para participar, esos espacios nos corresponden. Es nuestro derecho participar tanto en las propuestas como en la etapa de conclusiones. Más aún, es simple y llanamente cuestión de transparencia.

Con demasiada frecuencia asumimos que la transparencia que es obligación de las instituciones y funcionarios públicos se refiere solamente a cuestiones de cuentas y gastos, pero no es así. La transparencia también se refiere a propuestas, desempeño, leyes e incluso declaraciones públicas de los funcionarios públicos.

Si la ALP no tiene todavía una propuesta para la reforma de la ley del sistema judicial boliviano, de acuerdo. Cuando la tengan, deben darla a conocer para que podamos opinar y aportar. Ya hemos visto en la Cumbre tomar decisiones a empujones, no vayamos ahora a aprobar reformas y leyes también a empujones y en la oscuridad.

La autora es socióloga, Ph.D. en Ciencia Política. Coordinadora de Investigación Social en Ciudadanía.