200.000 autos chutos

Ya no resulta extraño ver que el presidente Lucho someta con una mano a los contribuyentes que pagan sacrificadamente sus impuestos, bajo la amenaza de elevar sus cargas fiscales y las fiscalizaciones si no lo hacen; pero el mismo gobernante, con la otra mano, libere a las castas que le son afines de cualquier obligación tributaria. Son los cocaleros vinculados al narcotráfico; los comerciantes minoristas atados al contrabando, los transportistas y los cooperativistas mineros, que juntos se han convertido en un clan favorecido que ha disfrutado de unos incrementos portentosos en sus ingresos y ganancias muy lejos del principio de la igualdad tributaria.

Entre tanto, las clases medias y una buena parte del empresariado de este país, apenas tienen lo necesario para sobrevivir y, lo peor, siempre ahorrando para pagar impuestos. Muestra de esto es que, según han informado las autoridades del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), se incrementará en los próximos meses la cobranza coactiva sobre los deudores tributarios, es decir sobre las empresas petroleras, los empresarios privados, los profesionales libres, la clase media dependiente. En realidad, sobre todos los agentes económicos del sector formal que se han visto afectados por la pandemia, con la reducción de sus ingresos y el incremento desmedido de sus gastos. Sin duda alguna, el Presidente Lucho pagará sus planes de #VamosASalirAdelante, #ReconstruimosLaEconomía o #ReactivandoBolivia, con el dinero que saldrá forzosamente del bolsillo del contribuyente formal.

Lo que las autoridades del SIN nunca comunicarán a la opinión pública es que sus esfuerzos son nulos para ampliar el universo de contribuyentes con agentes económicos que por el momento se encuentran en las sombras de la informalidad. Sólo una persona inculta podría preguntar. ¿Cuánto contribuirán los cocaleros o los cooperativistas mineros a ese lírico plan de “Vamos a salir adelante”?, y la respuesta resulta también muy insulsa: Ni un mango. En fin, ellos son los poderosos, y los esclavos del régimen general tributario están obligados a pagar el banquete azul.

Mis lectores recuerdan que, en plena campaña electoral, los socialistas azules exaltaban la igualdad y solidaridad entre los hombres y mujeres de este país, pero ahora se niegan a reconocer la intolerable protección oficial a esas pandillas elegidas con ingresos altos y desmedidos que repugnan ingresar en la formalidad y ser parte del Régimen General tributario. Contra toda regla moral, este pasado viernes la que fue diputada y vicepresidenta del MAS, Concepción Ortiz, anunció públicamente que se aprobará una ley que permita al Gobierno legalizar más de 200.000 “autos chutos”. Esta iniciativa resulta escandalosa, mucho más si quienes solicitan y abanican la nacionalización pertenecen a esa casta oficialista que alienta con depravado entusiasmo el narcotráfico o cualquier actividad ilícita.

Lo que en otras palabras están pidiendo estos operadores del contrabando y el lavado de dinero es que en este país existen 200.000 propietarios de vehículos indocumentados, dispuestos a apoyar al Gobierno a cambio de una nacionalización, que en sí no sólo representa una grosera liberación de cargas fiscales, sino también una complicidad abierta con el delito de legitimación de ganancias ilícitas. Así de claro. Lo más probable es que el presidente Lucho termine firmando la ley que la Asamblea Legislativa Plurinacional apruebe para la nacionalización de los “autos chutos”. Si alguien aún no ha entrado en este círculo vicioso y le falten escrúpulos, ya es hora de que compre un auto indocumentado, diga que es masista y espere una nacionalización para mayo o los meses siguientes. Seguro ocurrirá y los justificativos serán increíbles.

El autor es abogado